La Corte Suprema de Justicia decidió acusar, en calidad de co-autora, a la exsenadora por el partido Cambio Radical Nancy Patricia Gutiérrez, por el delito de tráfico de influencias.
La exsenadora, quien ejercía como Presidente del Congreso, está siendo investigada por haber obtenido, de forma ilegal, información confidencial del DAS acerca de la destituida senadora Piedad Córdoba, datos que utilizó para realizar debates públicos en su contra.
Con esta acusación, la Sala Penal de la Corte Suprema convocó a juicio a la expresidenta del Congreso, quien deberá declarar porqué solicitó al DAS la información sobre los movimientos de Piedad Córdoba, para utilizarlos posteriormente en un debate de control político.
Según Luis Guillermo Pérez, abogado defensor de la exsenadora Piedad Córdoba, esta decisión se recibe con agrado y en espera de que se haga justicia.
Según el abogado, “Piedad Córdoba no espera ninguna indemnización de carácter económico, sino que simplemente espera que se reconozca públicamente que hubo una campaña de desprestigio en su contra y que se pida disculpas ante el país por usar los recursos del Estado para desprestigiar su carrera política”.
En unos documentos que el abogado de Gutiérrez presentó ante la Corte, se habla de que la expresidenta del Congreso solicitó al DAS información sobre el contacto de Piedad Córdoba con algunos partidos de izquierda en México. Específicamente sobre algunos viajes que la exsenadora realizó a ese país con el objeto de dictar unas conferencias.
Gutiérrez afirma que lo único que intentaba era conocer si los viajes al exterior realizados por Piedad Córdoba habían seguido todos los protocolos exigidos por el Congreso para ausentarse de las sesiones plenarias y si los había realizado con dineros públicos. Según Gutiérrez, esta verificación es amparada por el reglamento del Congreso de la República.
Esta decisión de la Corte obligará a la realización de un juicio en el que se decidirá la responsabilidad penal de Gutiérrez por los delitos de tráfico de influencias, así como por divulgación de información clasificada.
El abogado de Córdoba afirma que este caso es sólo una pieza del rompecabezas y que es necesario seguir investigando para aclarar ante la opinión pública quién ordenó estos seguimientos.
El defensor también recordó que varios exfuncionarios del DAS como el exjefe de inteligencia capitán Fernando Tabárez, el exdirector de contrainteligencia capitán Jorge Lagos y el exsubdirector de análisis inteligencia Gustavo Sierra, condenados por este caso, confesaron haber realizado esos seguimientos únicamente para desprestigiar a periodistas, magistrados y opositores del gobierno de Álvaro Uribe, entre los que se encontraba la entonces senadora Piedad Córdoba.
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