El Consejo Superior de la Judicatura devolvió este martes a la justicia ordinaria el proceso que se adelanta por la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra. El caso fue abierto contra el patrullero de la Policía Metropolitana de Bogotá Wilmer Antonio Alarcón.
El polémico asunto se encontraba desde octubre pasado en la Justicia Penal Militar. Ahora, la Judicatura estimó que los actos en los que resultó muerto Becerra no deben ser considerados como actos de servicio (de la Policía).
“Esto demuestra que nosotros teníamos la razón desde el principio. Siempre alegamos y defendimos que por norma constitucional y violaciones al Derecho Internacional Humanitario, al ser una ejecución extrajudicial, el proceso debía determinar en la justicia ordinaria”, señaló el padrastro de Becerra, Gustavo Trejos.
Trejos también estimó que en la rama judicial existen “altos funcionarios que no deben estar en esos cargos”.