A partir de ayer y durante los próximos 10 años, Colombia estará en proceso de reparación y reconciliación con sus víctimas del conflicto armado.
De esta forma, el proyecto más importante para el Presidente, Juan Manuel Santos, la Ley de Víctimas que reglamenta las normas que definen los mecanismos y procesos de su aplicación, comenzó a tener vida. Su reto es indemni-zar a cerca de cuatro millones de afectados por la violencia en hechos ocurridos antes del primero de enero de 1985, y ejecutar la restitución de tie-rras para los desplazados después de 1991.
Los beneficiarios deben estar inscritos en el Registro Único de Víctimas, RUV. Quienes no lo estén deberán presentar la solicitud en las sedes de Procuraduría, La defen-soría del Pueblo o Personarías del país. La ley preserva la atención a mujer y niños afectados por el conflicto.
La reglamentación de la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue firmada y presentada por el presidente Santos el pasado 20 de diciembre.
La importancia de esta re-glamentación es que en ella se definen los montos de las in-demnizaciones por vía administrativa, se establece la con-formación de las mesas de participación de las víctimas y se crea el RUV.
Santos firmó los decretos ley que establecen el plan de reparación para las comunidades afrocolombianas, indígenas y gitanas.
Componentes fundamentales
Tres componentes funda-mentan la Ley: el primero de ellos es la indemnización ad-ministrativa que permitirá es-tablecer los montos a pagar y los mecanismos para hacerlo. Cada víctima recibirá entre 17 y 40 salarios mínimos, es decir, entre 9 y 21 millones de pesos.
Los montos se entregarán a quienes inviertan en vivienda, educación, tierras o en un proyecto productivo.
El segundo aspecto es el RUV, la llamada “puerta de acceso” para quienes deseen ser beneficiados y aún no se han inscrito. Las víctimas ten-drán 4 años para realizar el proceso de inscripción.
El tercer punto son las garantías de no repetición, una estrategia en la que se crearán observatorios para identificar las poblaciones en riesgo.
Centro de memoria histórica
El Gobierno garantizará la verdad de los hechos que dejaron miles de víctimas. Para este propósito se creará el Centro de Memoria Histórica que será dirigido por el historiador y doctor en sociología política Gonzalo Sánchez, quien se desem-peñó como coordinador del grupo de trabajo para reconstrucción histórica y la memoria en la antigua Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación, CNRR.
“Ellas (víctimas) necesitan saber qué fue lo que pasó con sus seres queri-dos o saber dónde están sus seres enterrados, el país entero además está obligado a reconocer su dolor histórico y de rendirles homenaje, así lo haremos a través de actos conmemorativos”, dijo Santos.
Restitución de tierras
La tarea de la restitución de tierras a los campesinos víctimas de la vio-lencia será asumida por la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, así quedó definido en el decreto de reglamentación.
Esta Unidad acompañará a los desplazados en el proceso de reclama-ción de tierras, hará los trámites a nombre de cada víctima evitando la engorrosa tarea de recopilar la in-formación necesaria y garantizando que las solicitudes se hagan sin errores.
Serán 22 jueces y 12 magistrados lo que empezarán a trabajar en el pro-ceso de restitución, fallando cada caso en un tiempo límite de cuatro meses. El otro año se prevé que serán atendidos unos 13 mil recla-mos de restitución y que los jueces van a decidir cerca de 2 mil de esos reclamos.
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