“Se ha determinado que la extradición no es viable de acuerdo con la legislación nacional y el Acuerdo Bilateral de Extradición”, informó en un comunicado el ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.
La negativa se basa en la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que “toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos”, subrayó.
El gobierno panameño decidió mantener el asilo otorgado por Panamá a Hurtado desde 2010, aduciendo que, conforme a la Convención, “todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanía, a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente”.
La cancillería panameña, que recibió en diciembre pasado la solicitud de extradición, señaló que el asilo se desarrolla con “vigorosidad” en América Latina, para brindar “protección a los perseguidos políticos, en una región del mundo que por mucho tiempo se caracterizó por una débil institucionalidad democrática”.
“El gobierno Panameño, en aras de contribuir a la estabilidad social y política de los pueblos de la región, mantiene su decisión” de dar asilo a Hurtado, conforme también a la “tradición” del Estado panameño, según la nota oficial.
En Panamá están asilados los ex gobernantes Jorge Serrano Elías (Guatemala, 1990-1993), Abdalá Bucaram (Ecuador, 1996-1997) y el ex general haitiano Raoul Cedras (1991-1994). En el pasado estuvieron Juan Domingo Perón (Argentina), Paz Zamora (Bolivia), Raúl Haya de la Torre (Perú) y el Sha de Irán, recordó la cancillería.
Demanda
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo demandará a Panamá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por el asilo mantenido a Hurtado.
El abogado Luis Guillermo Pérez señaló que el presidente panameño, Ricardo Martinelli, con su decisión, “está comprometiendo la responsabilidad internacional del estado de Panamá”.
“Creemos que hay elementos muy sólidos porque si bien la CIDH defiende el derecho al asilo, este no puede ser usado abusivamente para otorgárselo a violadores de derechos humanos y para burlar los derechos de las víctimas”, señaló a Colprensa.
Pérez señaló igualmente que van a exigir a Panamá que cumpla con su propio ordenamiento jurídico ya que, según dijo, al negar la extradición estaría obligado a investigar a Hurtado por los delitos por los cuáles fue solicitada en extradición.
Pérez calificó la decisión de mantener el asilo a Hurtado como una burla al estado colombiano, la Corte Suprema de Justicia y en general a todas las víctimas de las ‘chuzadas’.
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