Cabe recordar que en segunda instancia se le había rebajado de 40 a 37 años la pena impuesta al general (r) Jaime Humberto Uscátegui por el Tribunal Superior de Bogotá en noviembre de 2009, pero había confirmado su responsabilidad en la masacre perpetrada por paramilitares, quienes supuestamente fueron asistidos por uniformados de la fuerza pública.
Según la solicitud de casación del Ministerio Público, no existen pruebas que determinen la responsabilidad del oficial en los delitos de homicidio agravado y secuestro relacionados en los hechos que derivaron en la muerte de un número aún no especificado de víctimas y el desplazamiento forzado de cientos de familias.
Así las cosas, la Procuraduría pide dejar en firme la absolución proferida en primera instancia por un juzgado de Bogotá y revocar la condena proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, así como establecer plenamente las víctimas de la masacre y compulsar copias para determinar judicialmente el número de las víctimas de la masacre y las personas que fueron secuestradas por los paramilitares.
La Procuraduría General de la Nación instó a la Corte Suprema de Justicia para que, en el evento que se decida mantener en firme la sentencia condenatoria, precise que el general (r) Uscátegui cometió el delito a título de autor por omisión impropia o comisión por omisión, y no como coautor impropio por acción.
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