Una suma millonaria tendría que pagar la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal EPS y el Hospital Timothy Britton del Archipiélago de San Andrés y Providencia a una familia de esa zona insular por presuntas fallas en el servicio médico que conllevó a la muerte de un miembro de esta unidad familiar.
La demanda administrativa fue fallada en segunda instancia por el Consejo de Estado, la cual fue interpuesta por el abogado Ramón Arévalo Baños, en representación de la familia de Rafael Millares Sánchez, persona que falleció al parecer por la falta de una debida atención médica por parte de las entidades demandadas en hechos presentados el 18 de julio de 1996.
La víctima murió por consecuencia de una peritonitis, dado que pese a que acudió a estas entidades de salud no fue atendido en debida forma y su situación se complicó y falleció.
El Consejo de Estado acogió la tesis del abogado Arévalo Baños, en el sentido que la omisión o abstención del personal médico y de enfermería que se encontraba en la obligación legal de darle al paciente la asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria adecuada.
A la familia de la víctima, por disposición del Consejo de Estado, debe cancelársele más de 70 millones por daños por la perdida de la oportunidad de mejoría en la salud del paciente y más de 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes por perjuicios morales.