“Muy francamente, Baltasar Garzón no es representante del gobierno en ningún sentido. Lo respetamos, pero esa mediación no existe”, dijo a periodistas el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.
Garzón se reunió el domingo con indígenas Nasa del departamento (provincia) de Cauca (suroeste), que exigen la salida de las tropas militares y los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), donde los hostigamientos se han intensificado en las últimas dos semanas y se registran 6.450 desplazados.
“Fue una reunión informal. Él nos dijo que no era vocero del gobierno, pero que tenía la voluntad de mediar y que iba para escucharnos. Le hicimos los planteamientos de manera informal”, dijo telefónicamente a la AFP Feliciano Valencia, uno de los líderes de la Asociación de cabildos indígenas del norte de Cauca.
El jurista español, célebre por haber ordenado el arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres, trabajó en Colombia como asesor de la misón de apoyo al proceso de paz de la OEA, desde 2011 hasta principios de 2012.
En sus declaraciones este lunes, el ministro Pinzón reafirmó la decisión del gobierno del presidente Juan Manuel Santos de mantener la presencia de la fuerza pública en Cauca.
“Uno comprende la presión a la que los indígenas han sido sometidos por los grupos terroristas por tantos años. Los respetamos y el diálogo es la voluntad del gobierno. Pero de ninguna manera la fuerza pública se va a ir, al contrario, esta operación se va a profundizar y va a cumplir con sus objetivos”, dijo.
Los indígenas proponen asumir el control de la zona con su propia guardia (no armada) argumentando que la Constitución los faculta para ello, pero el gobierno rechaza esa interpretación sobre la autoridad indígena en sus territorios.
En febrero, Garzón fue condenado por el Tribunal Supremo español a 11 años de inhabilitación por vulnerar el derecho a la defensa al ordenar escuchas en prisión entre detenidos y sus abogados, en una investigación sobre una presunta red de corrupción que en 2009 implicó a altos cargos de la derecha española.
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