Las cárceles en Colombia son bodegas de personas mal acomodadas. El hacinamiento lle-ga al punto de que, por falta de espacio físico, los internos duermen en los techos, en los ba-ños, en las escaleras, en los patios a sol y agua con cambuches de plástico. La situación no es nueva y ya hace parte del ‘paisaje’ de la mayoría de penales, pero estaría por tomar ribetes catastróficos, de no ponérsele atención.
La advertencia la viene haciendo por distintos medios Diego Arias, presidente del Sindicato Unitario de Trabajadores Penitenciarios (UTP), agremiación que agrupa la mayoría de sindicatos del Inpec, y con él coincide en buena medida un pronunciamiento de la Defenso-ría del Pueblo. Pero el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, por su parte, pese a que admite la problemática, muestra de qué manera está trabajando para solucionarla.
“Hay 110 mil internos en las 142 cárceles de todo el país, sin contar con los que están en prisión domiciliaria, que suman más de 100 mil internos, a los cuales también tenemos que prestarles el servicio de vigilancia”, comienza por decir Arias, y saca cuentas: “Estamos ha-blando de 200 reclusos por un guardián, cuando la normatividad establece que deben ser cinco internos por una unidad de guardia”.
Al respecto, el Inpec asegura que la tasa de sobrepoblación es de 45%, y confirma que de los 142 establecimientos de reclusión que administra, hay tres que tienen el mayor índice: Riohacha, con capacidad para 100 internos y hoy cuenta con 427 (hacinamiento: 327%); Bellavista, en Medellín, construida para 2.424, pero tiene 7.472 (hacinamiento: 208%), y La Modelo de Bogotá, cuya capacidad es de 2.907 internos, pero alberga a 7.839 (hacinamiento: 169.7%).
Las cuentas del Inpec también difieren de las del sindicato en cuanto a la relación del nú-mero de internos por guardián. El Instituto asegura tener 11.326 funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia que trabajan en los 142 centros carcelarios del país, en donde hay 110.054 internos, entre sindicados y condenados. “Frente a esta situación, podemos decir que por cada funcionario uniformado hay 9.71 internos”, aseguró una fuente de la entidad.
La Defensoría del Pueblo, en su documento ‘Seguimiento de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad’ sostiene que “la población carcelaria durante los últimos 12 años se incrementó en 54.915 personas, mientras que en el mismo lapso los cupos aumenta-ron sólo en 42.009”. Y agrega que el hacinamiento constante pone en grave riesgo el respeto efectivo de la dignidad humana y de los derechos humanos de las personas recluidas.
Además, anota que en la cifra total de esta población no se incluyen las personas recluidas en cárceles municipales y otros centros de reclusión transitoria (guarniciones militares, orga-nismos de seguridad), y tampoco las personas que están en detención o prisión domiciliaria.
Para mejorar las condiciones de vida de la población reclusa, la Dirección del Inpec ase-gura que está trabajando, por ejemplo, con la presentación del nuevo Código Penitenciario y Carcelario, en coordinación con el Ministerio de Justicia, que permitirá deshacinar los cen-tros de reclusión. También dice que ha tramitado ante los jueces la libertad de 48.264 inter-nos, y la ha obtenido para 29.089. Si se otorgan nuevas libertades, disminuirá la sobrepobla-ción.
La Modelo de Bogotá, caso crítico
El presidente del Sindicato Unitario de Trabajadores Penitenciarios (UTP) pone como ejemplo de sus denuncias el caso de la cárcel Modelo de Bogotá, en donde, dice, hay 8.000 internos intramuros, pero solo 52 funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, que de-ben prestar todos los servicios a ese personal recluso.
“Y así está todo el país. La realidad de la escasez de personal es alarmante”, dice Arias. “Si miramos las remisiones en La Modelo, encontramos que diariamente salen 150 internos a diligencias de tipo administrativo, médico o judiciales, y la norma establece que deben ser dos unidades de guardia por cada interno”, explicó Diego Arias.
De otro lado, hace una advertencia que va del aspecto estructural al de seguridad: “La car-ga neta no soporta más de 5.000 o 6.000 internos. Y el día de visita son 8.000 internos más unos 8.000 visitantes. Estamos hablando de 16 mil personas…; Si, de pronto, los internos llegan a hacer algún tipo de manifestación, esa cárcel se va a ir al piso”.
Según Arias, en las mismas condiciones se encuentran las cárceles de Bellavista, en Mede-llín; Vistahermosa, en Cali, y varios establecimientos más en el país, “porque son edificacio-nes vetustas que no fueron construidas con estándares para tener allí internos”.
Pero esos no parecen ser los únicos problemas de La Modelo. De hecho, esta semana se presentaron situaciones que les darían la razón a las denuncias. De un lado, el Ministerio de Justicia ordenó el traslado de 800 reclusos, aunque no se precisó a dónde; y de otro, se pro-dujo un brote de varicela que provocó un pronunciamiento de la Procuraduría y un requeri-miento de la Secretaría de Salud de Bogotá al Inpec para que pusiera en aislamiento preventi-vo al patio 2A de ese penal.
En razón del alto índice de hacinamiento carcelario y los problemas en la prestación en los servicios de salud, la Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno Nacional declarar la emergen-cia sanitaria en La Modelo por el brote de varicela. Mientras, la viceministra de Salud, Mar-tha Lucía Ospina, confirmó la presencia del virus en dos internos, que fueron aislados. Tam-bién se realizó monitoreo y vigilancia a 743 internos que pudieron haber tenido contacto.
Sólo infraestructura no es solución
El debate sobre el hacinamiento también se centra en si la solución es construir nuevos penales o mejorar la infraestructura de los que ya existen para abrir más cupos. Otra arista del problema es la sobrecarga que la sobrepoblación provoca en las redes sanitarias para evacuar excretas y aguas negras, lo que repercute directamente en la salud de los internos.
Según el Inpec, para la vigencia 2012, esa entidad va a invertir casi 35 mil millones de pe-sos en el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de 71 establecimientos de primera y segunda generación. También anuncia el mantenimiento de infraestructura y de equipos en 10 penales de tercera generación, y la intervención en 11 cárceles de primera y se-gunda generación en plantas de tratamiento de agua residual (PTAR) y plantas de trata-miento de agua potable (PTAP).
Sin embargo, sobre el tema de la infraestructura, la Defensoría del Pueblo ha hecho repa-ros desde 1998, y los reitera en su documento ‘Seguimiento de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad’ porque considera que son importantes y no han perdido vi-gencia.
“El Inpec olvidó que el propósito de proveer condiciones que respeten la dignidad huma-na de las personas recluidas en los centros carcelarios del país no es asunto que obedezca a un plan efímero de construcciones y refacciones, sino que corresponde a un objetivo de carácter permanente y, sobre todo, integral, ya que las políticas penitenciaria y criminal deben hacer parte de las políticas públicas del Estado”, dice el documento.
Y agrega que si bien adelantar obras de infraestructura para ampliar la oferta de cupos hasta equiparar el número demandado, o por lo menos aliviar la situación de hacinamiento, es una medida positiva y de imperiosa necesidad, “tal medida, si se la toma como paradigma de solución, resultará equivocada y engañosa, pues lo que se requiere es un modelo de plani-ficación que involucre las diferentes variables que causan el hacinamiento”.
Al enumerar esas variables, es claro que el llamado de atención de la Defensoría no es solo para el Inpec, sino que involucra a otras instancias estatales relacionadas con en la política criminal.
Para la Defensoría, el hacinamiento en las cárceles lo causan el incremento en la tipifica-ción de las conductas delictuosas o criminalización, el incremento del quantum de la pena privativa de la libertad, el abuso de la privación de la libertad como medida preventiva o de aseguramiento, la demora en la tramitación de los procesos que elevan el número de internos sindicados y la mentalidad restrictiva de la libertad de las autoridades judiciales.
También, la reincidencia derivada de la falta de ejecución real de los planes y proyectos que teóricamente se diseñan para dar cumplimiento al tratamiento penitenciario en su régimen progresivo, la ausencia de una política criminal y penitenciaria coherente y preventiva más que represiva y, en todo caso, dirigida a la reinserción social del infractor penal, entre otros aspectos.
“Hay que bajarle al populismo punitivo del Congreso de la República, porque en Co-lombia todo es prisión, todo es cárcel”, dice al respecto el presidente del Sindicato Unitario de Trabajadores Penitenciarios (UTP) y agrega que “hay que hablar de alternatividad penal, de beneficios administrativos para el personal de internos, hay que hablar de jubileo”.
En la solución del problema, entonces, el único concernido no debe ser el Inpec, máxime ahora cuando esa entidad solo quedó con la responsabilidad de la resocialización y la custo-dia, seguridad y vigilancia de los internos. Los demás aspectos relacionados con las cárceles, como el de infraestructura, es responsabilidad de la Unidad Carcelaria y Penitenciaria. Los dolientes por el hacinamiento en las cárceles del país no solo son los internos. Afuera están los responsables.
