El Consejo de Estado advirtió que la Fuerza Pública debe tener presencia en todo el territorio nacional y lanzó un llamado de atención a las autoridades por haber abandonado el municipio de El Rosario, Nariño, durante cuatro años tras una toma guerrillera ocurrida en 1994.
“No resulta razonable que el Estado abandone a sus ciudadanos y/o poblaciones completas que depositaron la defensa de su vida y bienes en las instituciones legítimamente constituidas, máxime cuando dicho abandono se prolonga en el tiempo”, señala el fallo.
La sala consideró “inaceptable” y “como una clara falla en el servicio” los hechos entre los que se enmarcan varios actos violentos como la muerte del vigilante Gerardino Daza, asesinado por guerrilleros de las Farc que lo habían declarado objetivo militar.
Aunque no se comprobó la vinculación directa de la ausencia de la Fuerza Pública con el crimen, el Consejo de Estado advirtió que estos hechos son inaceptables.
“La relatividad de las obligaciones respecto al servicio de seguridad y defensa no puede llegar a convertirse en una excusa por parte del Estado cuando omite de manera absoluta –como ocurrió en el caso concreto- la prestación del servicio”, aseguró el alto tribunal. (Lea más sobre la Fuerza Pública)