El Consejo de Estado dejó en firme la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años en contra el almirante de la Armada Nacional, Rodrigo Alfonso Quiñones, por haber incurrido en omisión al no comunicar a los hombre a su mando la presencia de las autodefensas unidas de Colombia, cuando perpetraron la masacre en el corregimiento de Chengue en San Onofre (Sucre).
El Tribunal tuvo en cuenta al momento de su determinación lo dicho por el Ministerio Público, donde se advirtió que el oficial debió informar a la Policía sobre el informe en el que se alertaba que los integrantes de la organización armada ilegal se dirigían en tres camiones hacia el lugar de los hechos y además tomar acciones al respecto.
Durante el ataque, ocurrido el 17 de enero del 2001, fueron asesinadas 27 personas.
Para ese entonces el oficial se desempeñaba como comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina.
Por la situación en mención la Procuraduría lo sancionó con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años,
determinación que fue dejada en firme por el Consejo de Estado.
En la misma decisión el alto Tribunal rechazó el pedido uniformado donde solicitaba el pago de 1.620 millones de pesos por supuestos perjuicios ocasionados con la determinación del Ministerio Público.