Por considerar que no es un peligro para la sociedad, un juez de control de garantías dejó en libertad a Liliana Marcela Castillo, la mujer que aceptó haber raptado a una bebé de 21 días de nacida.
En la audiencia de legalización de captura, la mujer aceptó el cargo de secuestro simple agravado que le imputó un Fiscal de la Unidad Nacional Antisecuestro.
Sin embargo, teniendo en cuenta que la imputada no registra antecedentes penales y que se trató de un secuestro no extorsivo, el juez decidió no enviarla a prisión.
La decisión fue apelada por la Fiscalía, y a esta se resuelve ese recurso.