La Procuraduría solicitó al juez 37 de Garantías de Bogotá que avale el pedido de la Fiscalía de enviar de manera preventiva a la cárcel al ex fiscal Antimafia y depositario provisional de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), Camilo Bula, procesado por manejar presuntamente de manera indebida los bienes incautados al narcotráfico durante el tiempo en que estuvo al frente de la liquidación de la entidad.
Para el Ministerio Público es evidente que existen dos causales para que Bula permanezca privado de la libertad: la primera, que no comparezca al proceso y, la segunda ,que pueda obstruir el mismo.
“Este agente del Ministerio Público frente a su función constitucional de que se respete el ordenamiento jurídico, frente a la solicitud que ha hecho la Fiscalía, considera señora juez que se haya justificada la necesidad de imponer la medida de aseguramiento de carácter intramural que ha solicitado con fundamento en el cumplimiento de los fines de no obstrucción a la administración de justicia y evitar su no comparecencia al proceso del señor Camilo Bula”, indicó.
Según el delegado, que Bula esté en libertad pone en riesgo el desarrollo del proceso ante una posible influencia de este en la investigación.
“La continuidad en libertad del señor Camilo Bula se puede prestar para que haya una obstrucción al desempeño de alguno de los intervinientes y partes dentro del proceso, y que probablemente se presente una fuga a la acción penal y a una eventual pena a través de una salida del país”, aseguró.
El órgano de control indicó que Bula puede irse del país pues además de ser colombiano también cuenta con nacionalidad italiana, y esto haría que ante la gravedad de las conductas imputadas y la eventual pena, pueda no regresar a responder a la justicia.
“Esas circunstancias que se han argumentado por parte de la Fiscalía y que se han evidenciado a través del traslado permiten inferir: uno, que el daño causado al patrimonio estatal fue grave; dos, que la actitud demostrada en ese pasado por parte del señor Camilo Bula es un total desprendimiento de lo que deben ser los valores vigentes en el ejercicio de una función pública encomendada, un total desprendimiento de lo que es un valor social como es el respeto por lo público”, aseveró.
Para la Procuraduría es claro que el daño que se le causó al Estado hace aún más graves los hechos por los que hoy se señala al ex funcionario.
“Está la evidencia de la gravedad del daño causado y se tiene que analizar la actitud del imputado. Eso solo puede precaverse a través de lo que ha sido en el recurso de las acciones por las cuales procede la imputación”, manifestó.
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