El ex comandante del B-2 del Ejército, teniente coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, señaló al término de la diligencia donde la Fiscalía solicitó que sea condenado junto a cuatro militares más por la desaparición de 11 personas durante la toma del M-19 en 1985, al Palacio de Justicia, que está muy tranquilo y que no debe nada.
“No tengo nada que decir por cuanto hasta ahora se inició la parte de alegatos de conclusión. Esperemos que se desarrolle la situación. Estoy tranquilo. No debo nada y tengo mi conciencia muy limpia”, señaló.
Los otros procesados también por el delito de desaparición forzada agravada son el capitán (r) Óscar William Vásquez y los sargentos (r) Antonio Rubay Jiménez Gómez, Luis Fernando Nieto Velandia y Ferney Martín Causallá Peña.
PROCURADURÍA NO INTERVINO
Durante la diligencia desarrollada este lunes en el juzgado 55 penal del circuito de Bogotá, el representante del Ministerio Público dijo que no intervendría en los alegatos finales por haber sido designado para el caso hace poco tiempo.
El procurador Camilo Montoya señaló que sería irresponsable de su parte intervenir con un expediente tan complejo y extenso.
“Aquí se presentó la renuncia del Procurador que venía actuando en el caso y renunció en el mes de noviembre. Sería irresponsable de mi caso intervenir. Estaremos atentos a la sentencia que se dicte y veremos si es legal o certera y ahí asumiremos la postura respectiva”, aseguró el delegado del órgano de control.
La posición fue avalada por el juez quien consideró que la Procuraduría se limitará a cumplir su función como garante de los derechos fundamentales de los sujetos procesales.
PEDIRÁN INVESTIGAR A ALEJANDRO ORDÓÑEZ
De otro lado, el abogado de víctimas Jorge Molano al terminar la diligencia, señaló que es necesario que se investigue el actuar de la Procuraduría y del jefe de la entidad Alejandro Ordoñez por considerar que se han dedicado a dilatar el proceso desde el Ministerio Público.
El jurista señaló que durante más de un año los representantes del Ministerio Público intentaron dilatar este proceso “haciendo un montaje en contra de Édgar Villamizar” acusándolo y recusándolo de ser un testigo que había sido suplantado.
“La Procuraduría ha procurado la impunidad y desviar las investigaciones de manera torcida y de manera dañada”, precisó Molano al considerar que se debe establecer bajo que móviles el Ministerio Público intentó afectar el desarrollo del juicio.
Para el abogado todo cambió desde el momento en que Ordóñez llega a la entidad por lo que él debe ser el que responda.
“Los cambios del proceso por el Palacio de Justicia solo tienen un momento en el cuál se inician y es cuando comienza el mandato de Alejandro Ordóñez Maldonado como Procurador General y ahí empieza a cambiar a los agentes especiales, los cuales inician a generar dudas en el desarrollo del caso con una serie de medidas que buscaba beneficiar a los victimarios y lograr la impunidad”, indicó.
Molano también se refirió a cuál fue el supuesto papel de Sánchez Rubiano en la desaparición de las 11 personas.
El coronel Sánchez Rubiano fue el encargado junto con sus hombres de recibir a las personas liberadas del Palacio de Justicia. Era el encargado de interrogar a los liberados y de clasificar a los sospechosos y de ejercer control sobre estas personas. Estando en poder de Edilberto Sánchez Rubiano y de los otros cuatro integrantes del B2 es que las once personas fueron desaparecidas”, señaló.
HABLAN LAS VÍCTIMAS
Héctor Beltrán, padre de Héctor Jaime Beltrán, uno de los desaparecidos dijo que solo espera que las casi tres décadas de impunidad terminen con un fallo condenatorio para los militares.
“Me parece muy real su exposición y los términos que se pronunció ante el señor juez. Está comprobado que sí hay desaparecidos (…;) Los empleados fueron sacados y llevados a la Casa del Florero y de allí a diferentes dependencias del Ejército, está comprobado que se les violaron los derechos a los detenidos. Esperamos que después de 27 años el calvario de las familias de los desaparecidos pueda terminar”, aseguró.
FISCALÍA PIDIÓ CONDENA
El fiscal Sexto delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Álvaro Osorio, solicitó al juez 55 Penal del Circuito de Bogotá que se condene a los militares procesados porque los elementos de prueba demuestran su responsabilidad.
“Existe prueba de que 11 personas sobrevivieron a los hechos de la toma del Palacio de Justicia: una militante del M19, tres visitantes y siete empleados de la cafetería”, señaló el Fiscal.
Para el fiscal es claro que los militares son los responsables de la desaparicón de las personas.
“Quedaron en poder de la Fuerza Pública, fueron llevados a la Casa del Florero y de ahí desaparecieron (…;) La presencia de ellos (desaparecidos) ese día en el lugar está confirmaron”, señaló.
Las víctimas son Irma Franco,guerrillera del M19; Cristina Del Pilar Guarín, quien se desempeñaba como cajera de la cafetería; Carlos Augusto Rodríguez, administrador del lugar; Bernardo Beltrán, mesero; Gloria Stella Lizarazo empleada de la cafetería; David Suspes Celis, cocinero; Luz Mari Portela León, empleada de la cafetería había ido a remplazar a su madre en el trabajo porque esta estaba enferma.
También desaparecieron tres visitantes Gloria Isabel Anzola, Lucia Amparo y Norma Constanza Esguerra.
