“Las políticas públicas aplicadas para beneficio de la población desplazada durante el período 2007-2011, en materia de vivienda, tierra y generación de ingresos, no resultaron eficientes y no cumplieron con el objetivo de lograr su estabilización socioeconómica”.
Así lo señala la Contraloría General de la República en su informe titulado “Auditoría a la Política Pública para el Desplazamiento Forzado por la Violencia”, que se terminó a finales de 2012 y fue publicado hoy.
Uno de los hallazgos dio origen a una Función de Advertencia sobre $9.256 millones en riesgo por pólizas vencidas en el Banco Agrario, sobre vivienda rural. Explica el informe del ente de control que “de 305 proyectos de vivienda para población desplazada aprobados por el Banco Agrario de Colombia entre 2003 y 2011, el 52 % tiene pólizas vencidas, es decir 158 proyectos”.
La auditoría fue enviada a la Presidencia de la República y al Ministerio de Agricultura, entidades que analizarán su resultado general, que incluye 188 hallazgos, cuatro de los cuales tienen connotación fiscal por valor de $733,6 millones, y quince más que son de carácter disciplinario.
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