El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Leonidas Bustos, señaló que el Congreso de la República debe ser cuidadoso a la hora de reglamentar el Marco Jurídico para la Paz, mediante una ley estatutaria.
“Creo que debe ser muy cuidadoso en el tema de establecer los parámetros y las directrices para entender quiénes son los máximos responsables, cuáles con las graves violaciones a los derechos humanos, pero fundamentalmente que se hagan reales los derechos de las víctimas que prevalecen sobre cualquier cosa”, señaló.
Igualmente, el magistrado Bustos estimó que el Congreso debe tratar en esa ley el tema de las sanciones que se impondrán a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y de lesa humanidad.
“Las violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) deben ser objeto de alguna sanción. Lo que pasa es que en este momento histórico, se impone recrear el concepto de sanción pues esta no es necesariamente prisión, podemos pensar en otras alternativas”, dijo.
El presidente de la Sala Penal volvió a resaltar el Marco Jurídico para la Paz al estimar que el país no cuenta con las herramientas para investigar todos los delitos que se han cometido en ocasión del conflicto colombiano.
“Es imposible. En el caso de la ley de Justicia y Paz, hasta ahora se han podido lograr entre unas 14 ó 15 condenas .No se han logrado obtener los resultados que se esperaban con la ley, de tal manera que uno debe aprender de esas experiencias. No tenemos una infraestructura que nos permita abordar todos los temas de investigación”, señaló.
No obstante, indicó que la selección y priorización de casos que establece el Marco para la Paz, no va en contra de los derechos de las víctimas a la verdad, a la no repetición y a la memoria histórica. Esos derechos deberán materializarse y no van a poder soslayare, precisó el jurista.
Sobre el tema de la participación en política por parte de personas condenadas, el presidente de la Sala Penal señaló que en el momento el ordenamiento jurídico que existe, no lo permite.
Por su parte, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, volvió a reiterar que no se pueden investigar todos los crímenes y señaló que el Gobierno se “ajustará estrictamente” a la decisión de la Corte Constitucional que avaló dicha reforma constitucional.
