Durante el segundo día de la nueva ronda del ciclo 19 de conversaciones de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc, el grupo insurgente volvió a insistir sobre sus propuestas para la construcción de una política antidrogas y enfatizó en que en el diseño de los programas de sustitución de cultivos ilícitos, debe prevalecer la garantía de los derechos humanos de los campesinos.
Las Farc recordaron que la gran mayoría de los cultivos de amapola, marihuana y coca se encuentran en territorios campesinos. De aquí que, para ellos, las políticas de sustitución de estos cultivos deben incluir el respeto por el territorio, la autonomía de las comunidades y estarán incluidas una gran reforma rural y agraria integral.
Sin embargo, el grupo insurgente destacó la necesidad de que los derechos humanos de los campesinos prevalezcan en la implentación esta nueva política antidrogas, dejando de lado, aquella en la que se perseguía y condenaba a los cultivadores.
“En la política de sustitución de los usos ilícitos de los cultivos, prevalecerá un enfoque de derechos humanos integrales, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales sobre políticas de interdicción o prohibición, de persecución, estigmatización y criminalización”, dicen las Farc, en su comunicado. (Lea también: Santos afirma que vislumbra a representantes de las Farc sentados en el Congreso)
Para el grupo insurgente el enfoque de Derechos Humanos que deberá tener esta política, será diferenciado y con perspectiva de género con especial atención para las mujeres y jóvenes cultivadores de coca, amapola y marihuana.
“El propósito principal de las políticas sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de coca, amapola y marihuana consiste en contribuir a garantizar el buen vivir de las comunidades campesinas y de los núcleos familiares que las conforman”, recordaron las Farc y luego agregaron que es trata de “proveer las condiciones estructurales para trabajo e ingreso dignos”, que deberán estar acompañados por dotación en infraestructura física, de comunicaciones y cultural en las regiones.
Las Farc finalizan su comunicado defendiendo que, con estas medidas lo que se busca son “garantías para el pleno disfrute de los Derechos Humanos integrales” tanto para las comunidades que se dedican al cultivo y comercialización de plantas ilícitas, como para los demás trabajadores del agro que requieren de medidas especiales para garantizar el acceso a la tierra y la consecución de trabajos estables y dignos.
La Mesa de Negociación en La Habana (Cuba) continúa durante ese ciclo en la discusión sobre cultivos ilícitos y política antidrogas, luego de haber llegado a acuerdos en los puntos sobre política agraria y participación en política del grupo insurgente.
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