'Ojo por ojo'. Con esa ley se cobran las deudas en La Guajira, eso dicen los pobladores, ahí no importa la justicia colombiana, en esa región solo vale hacer respetar el orgullo y el honor. Bien parece un texto sacado de una película pero es la realidad de un pueblo azotado por la violencia y el abandono estatal.
Es así, como en este lugar se encuentra una de las batallas judiciales más taquilleras del país, y es el proceso que se adelanta contra el exgobernador de esta región Juan Francisco Gómez Gerchar, 'Kiko Gómez'.
En 51 páginas que componen el escrito de acusación, 105 evidencias documentales, 53 informes de campo, 8 pruebas en cadena de custodia, y 105 entrevistas, la Fiscalía General de la Nación busca probar que el exgobernador pactó una alianza criminal con Marcos Figueroa García, alias 'Marquitos'.
Ese acuerdo, según el informe del ente investigador, fue para cometer el asesinato de la exalcaldesa de Barrancas (Guajira), Yandra Cecilia Brito, su esposo Henry Ustariz, y el escolta de la exmandataria municipal, Wilfrido Fonseca Peñaranda, entre otros crímenes que se registraron en la región.
A continuación COLPRENSA presenta los detalles de este reporte que llevó a la Fiscalía acusar al exmandatario por los delitos de homicidio agravado en calidad de determinador, tentativa de homicidio y tráfico, fabricación y porte de armas.
EL RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES
Durante dos años un grupo especial de la Fiscalía se encargó de buscar entre computadores, discos duros, memorias USB y miles de documentos, las pruebas con la que una fiscal pudo acusar el pasado jueves a 'Kiko Gómez'.
De acuerdo con el material probatorio, los vínculos de 'Kiko Gómez iniciaron en 1997, época en la que medió con el político Santander Lopesierra, alias 'Marbloro', la libertad de Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar, alias 'Jorge 40', quienes estaban involucrados en el crimen de dos personas dentro de una protesta. Para la época Gómez fungía como alcalde del municipio de Barrancas.
Así quedó constatado en el reporte entregado por la unidad especial del CTI que viajó a Estados Unidos, a recibir el testimonio de los exparamilitares Salvatore Mancuso y Arnulfo Sánchez, alias 'Pablo'.
"Kiko Gómez tiene una finca llamada 'El mosquero', en Guajira, la cual fue utilizada por nosotros como una base de paramilitares. Después nos enteramos que fue puesta al servicio de Marcos Figueroa, alias' Marquitos'", según el testimonio de Mancuso citado en la investigación de la Fiscalía.
Pero es alias 'Pablo' quien pone el testimonio más duro, según reposa en el documento: "en una reunión con Gómez, el me aseguró que estaba por lanzarse a la gobernación y que tenía un problema con la alcaldesa, Yandra Brito, y su marido Henry Ustaris. Según entendí era por unas comisiones que se estaban incumpliendo", declaró el exparamilitar.
Otro de los testimonios que se resalta y al que la Fiscalía protegió la identidad afirma que "todo el mundo sabe que Kiko tiene un búnker en Barrancas, custodiado y vigilado por un grupo armado y que Marcos es el jefe de sicarios de La Guajira y trabaja para Gómez. Este señor Kiko es el responsable de muchas masacres, tiene comprada la Policía y el Ejército y es la persona que mantiene económicamente a una banda de paramilitares".
De otro lado, reposa en el escrito de acusación que otro desmovilizado aseguró que "Kiko Gómez, en su propia finca y siendo alcalde, coordinaba reuniones con comandantes paramilitares, era muy fácil nadie nos iba a allanar, ni atacar, allí siempre estuvimos seguros".
Dentro de los testimonios se destaca el del coronel en retiro Bayron Carvajal Osorio, condenado a 54 años de prisión por la masacre de Jamundi, quien según la Fiscalía pudo conocer de las alianzas del exmandatario con las AUC. A eso se suman las declaraciones e investigaciones de cuatro periodistas que dejaron al descubierto varios de los hechos criminales.
Sorprenden los testimonios de Jesús Alberto Martínez Durán, condenado dentro del caso de los falsos testigos por la muerte de Luis Andrés Colmenares, y el de Danovis Alfonso López Acosta, alias Poncho, exparamilitar y exmiembro de 'Los Rastrojos', acusado del atentado que sufrió el exgobernador 'kiko Gómez' en 2012.
Estos testimonios y que tienen respaldo en otras fuentes llevaron a meter preso desde hace un año en la cárcel la Picota de Bogotá a 'Kiko Gómez' y determinar que el móvil de los crímenes se basa en la lucha de un poder político, que buscaba el control de la contratación de un departamento que recibe regalías por la explotación de gas y carbón.
A esto se suman 105 pruebas documentales, donde se encuentra una denuncia presentada por la víctima Yandra Cecilia Brito Carrillo a la fiscal Vivían Morales el 31 de agosto de 2011, a través de la cual pone en conocimiento su inconformidad con el archivo de la investigación por el asesinato de su esposo y donde advirtió que ella estaba en peligro. Además de todos los registros del CTI realizados en la escena donde se cometieron los homicidios.
LA DEFENSA ALEGA EL USO DE 'FALSOS TESTIGOS'
El abogado Alfredo Montenegro, quien defiende los intereses del mandatario departamental, aseguró que los testigos en la investigación contra el gobernador de La Guajira denunciaron a funcionarios del CTI por presiones.
Agregó que en el desarrollo del proceso podrá demostrar que la muerte de Henry Ustáriz y Yandra Brito, los responsables son los paramilitares del Bloque Norte de La Guajira, esto como consecuencia de un ajuste de cuentas por el pago de unos dineros por parte de contratistas de la región.
“Era uno de los cobradores de las Auc y al parecer hubo una mal rendición de cuentas. Y por ahí vienen las muertes”, señaló el abogado y advierte que se trata de una compra de 'falsos testigos'.
Además está seguro de demostrar que la relación de 'Kiko Gómez' y alias 'Marquitos', fue solo para mediar como garante de paz .
OTRAS INVESTIGACIONES
Juan Francisco Gómez Gerchar, es señalado de presunta responsabilidad en los homicidios de Luis López Peralta, ocurrido en 1997, y Luis Alejandro Rodríguez y Rosa Mercedes Cabrera, víctimas de un atentado en el 2000.
Adicionalmente se investiga la posible responsabilidad del mandatario de la Guajira en las amenazas de que han sido víctimas los periodistas e investigadores León Valencia, Ariel Ávila, Gonzalo Guillén y Claudia López.
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