Cabify anunció que recibió una notificación sobre una tutela instaurada por el ciudadano Jorge Eliécer Úsuga, quien ejerce como taxista de Medellín y solicita al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Tecnologías el cierre inmediato de la aplicación de redes de transporte.
Entre los argumentos de la demanda se plantea una vulneración a sus derechos fundamentales al trabajo, a una vida digna y al salario mínimo vital y móvil.
En el documento el demandante manifiesta sentirse vulnerado debido a que “muchos usuarios, por la moda de la era digital y las telecomunicaciones, han decidido acudir a estos servicios de transporte ilegales”, afirmando además que “el servicio no está respaldado por una empresa habilitada y que la aparición de la plataforma ha hecho que se reduzcan los ingresos de los conductores de vehículos tipo taxi, afectando así el derecho fundamental al trabajo”.
Frente a la demanda, Camilo Sarasti, director general de Cabify en Colombia, manifiesta que “el uso de la tecnología y los nuevos conceptos de economía colaborativa son los principales factores de disrupción en sectores que nunca se habían preocupado por reinventarse. Es normal que en algunos casos el gobierno y gremios como el de taxistas nos vean como “enemigos”, los estamos obligando a mejorar”.
