El Juez Segundo penal del circuito especializado sentenció a una pena de 16 años y seis meses de prisión a Wílmer Manchola Cano, exalcalde de Ibagué, a quien se le responsabilizó de la comisión de cinco delitos por los dineros recibidos del contrato 237 suscrito entre el Imdri y Typsa.
Manchola fue procesado por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, peculado por apropiación agravada a favor propio y de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y celebración sin el lleno de los requisitos legales.
Manchola fue beneficiado con una reducción del 50 por ciento de la pena, la cual se establecía en 33 años y tres meses de prisión. Lo anterior por la colaboración prestada en los procesos que se le siguen al exsecretario de Hacienda, Oswaldo Mestre, el exjefe de licitaciones de Typsa, Jorge Orlando Navarrete y el ingeniero Manuel Ovalle Angarita.
La Fiscalía Segunda Especializada pidió al Juez tener en cuenta los aportes hechos por Manchola como testigo en estos casos, al igual que la entrega que realizó de una finca en Tauramena (Casanare) a las víctimas.
El abogado defensor, David Teleki, reconoció que el juez tuvo en cuenta estas valoraciones a su cliente y por ende se fue hasta el 50 por ciento en la rebaja de la pena.
“Es una cuestión que es extraña y exótica en el panorama judicial en Colombia. En estos casos dan el 30, el 10, pero el 50 no lo dan. El 50 lo dio el Juez por la actitud de Wílmer de que se descubra la verdad. Así que es una pena esperada y no estoy decepcionado en modo alguno, me parece que era lo normal mirando el antecedente de Orlando Arciniegas que le impusieron una pena de más de 30 años de cárcel”, dijo Teleki.
El profesional sostuvo que solo hubo una inconformidad, y es en la sentencia reconocida por el peculado, ya que Manchola hizo la entrega de un inmueble. Por esta razón se apeló la pena que deberá ser objeto de revisión por parte de Tribunal Superior de Ibagué en sala penal.
Para el abogado de víctimas, Rodolfo Salas Figueroa, fue una sentencia “benévola” ya que él ya se había allanado a cargos y lo que preocupa es si Manchola seguirá colaborando con la justicia debido al principio de oportunidad que le fue negado.
¿LA VERDAD EN TINIEBLAS?
La Dirección de la Fiscalía General en Bogotá negó el principio de oportunidad parcial al que pretendía acceder Wílmer Manchola tras allanarse a cargos y bajo el entendido que la información entregada por el sentenciado no era lo suficientemente contundente para obtener el beneficio.
Para el abogado, David Teleki aunque la decisión es respetable lo que demuestra es que a nivel central desconocen la realidad como se mueven las cosas en las regiones y está en peligro que se conozca a los verdaderos responsables del desfalco a Juegos Nacionales.
“La información que había brindado Wílmer era importante, porque ustedes se percataron de esas situaciones, recordemos el capítulo de Jorge Tulio Rodríguez, que fue un aporte importante de mi defendido y repito respeto la decisión de la Fiscalía General porque fue tomada en el búnker con unos parámetros que, sin duda alguna, pues lo que hacen es acrecentar esas diferencias entre la capital y la provincia.
Y continuó “allá en la capital no saben cómo se desenvuelven las cosas acá y en lo que sí puede haber peligro es que nunca se descubra la verdad. Y repito van a decir en 10 años en 20 años que este escándalo fue culpa de solo cuatro pelagatos, pero dónde están los políticos, donde está el señor exalcalde (Luis H. Rodríguez, el gobernador, el exdirector de Coldeportes (Fernando Botero) que deberían estar aquí respondiendo”, dijo Teleki.
El abogado precisó que las declaraciones hechas por Manchola son elementos que la Fiscalía tiene que transformar en prueba en el marco de un juicio.
Teleki advierte que aunque su cliente tiene la disposición de colaborar con la justicia no ha sido “estimulado” para que rinda declaración en un proceso judicial.
“Si van a irse a un juicio, si van a enfrentar en un debate probatorio, ya sea a Luis H., o ya sea al que sea de los que vengan o falten, evidentemente no tienen un testigo estimulado que no es un testigo que reciba dádivas, sencillamente es un testigo al que le hubieran podido dar un principio de oportunidad para que declare. De lo contrario quién se va exponer a una cosa de esas gratis”, reiteró.
LOS FAVORECIDOS
De acuerdo con David Teleki, quienes se verán beneficiados con la decisión de la Fiscalía General son sin duda el exalcalde Luis y otros personajes de los cuales por lo menos ya la Fiscalía seccional debería estar indagando.
“Me parece que sí (Luis H. se ve favorecido) porque mi defendido sí había hablado de él y se ven favorecidas otras personas a las que la Fiscalía ya debería estar investigando con prontitud, ya debería estar en imputación y mi defendido era un pieza importante para declarar y sustentar la tesis de la Fiscalía, pero ahora entre menos testigos haya no sé si esos que tienen serán de tanta importancia, porque usted sabe que en todas las historias faltan cabos por atar y esos cabos los tenía Wilmer”, dijo Teleki.
Para Teleki, la crítica es que los principios de oportunidad y los preacuerdos con la Fiscalía están siendo desperdiciados como un instrumento de política criminal para obtener la verdad.
Y por último, el abogado defensor dijo que su cliente tiene información valiosa para en el caso de los contratos de obra, pero se debe esperar a que se abran los escenarios.
ARGUMENTOS QUE LLEVARON A LA CONDENA
La Fiscalía logró comprobar que Manchola recibió producto del contrato 237 cuyo objeto era la elaboración de los estudios y diseños de los escenarios deportivos, coimas por valor de 573 millones de pesos.
El papel de Manchola se concentró en hacer la gestión hecha para la consecución del contratista y el direccionamiento del proceso contractual.
Los dineros recibidos fueron canalizados y legalizados a través de un contrato suscrito para transporte de material por Typsa con el Grupo Dan SAS .
Typsa giró a través de esta firma la suma de mil 776 millones de pesos, suma de la cual mil 312 millones fueron entregados a Arciniegas Lagos quien fungía como asesor legal de la Secretaría de Hacienda de Ibagué y fue delegado para adelantar toda las contratación de las obras para la realización de los XX Juegos Nacionales.
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