Son cinco los delitos los que le fueron endilgados al fiscal Fabio Augusto Martínez Lugo, señalado de cometer presuntos actos de interceptación de comunicaciones a por lo menos cinco miembros del sindicato de aviadores de Avianca.
Según expresó el fiscal sexto ante el Juzgado 15 de Garantías, Martínez Lugo habría sido parte de un entramado de ‘chuzadas’ que se conoció durante el año pasado en el cual estuvieron vinculados el coronel retirado Jorge Humberto Salinas, la exfuncionaria del Ministerio de Comunicaciones, María Alicia Pinzón Montenegro, además del general en retiro Humberto Guatibonza.
De acuerdo con el fiscal que lo acusa en ese nuevo caso de chuzadas los ya detenidos durante 2018 tenían “carpetas” e información en ellas de las personas que estarían siendo interceptadas, entre ellas, miembros de la ACDAC. Sin embargo, lo que resalta la Fiscalía es que Martínez Lugo hizo parte de tales acciones dado que habría aprovechado su cargo para emitir órdenes judiciales contrarias a la ley.
“En lo que tiene que ver con las acciones que lo llevaron a hacer, la Fiscalía encuentra que estos hechos se enmarcarían en el delito de prevaricato por acción”, señaló el fiscal del caso y añadió que en agosto de 2018 habría inducido en error a algunos jueces de garantías en las que se le pretendía dar apariencia de legalidad a las acciones presuntamente cometidas por él.
Precisó el fiscal en la diligencia pública que “entre diciembre de 2017 y enero de 2018 habría interceptado siete teléfonos celulares que pertenecían entre otros a Julián Pinzón, quien es miembro del sindicato de Acdac. Del mismo modo, entre junio a agosto de 2018 se interceptó tres teléfonos celulares que pertenecían a Lucio Rubio Jorge Flórez y Felipe Jaramillo”.
Por último, ante el estrado se dijo que Martínez Lugo se habría concertado con Luis Carlos Góngora, exjefe del sistema Telemática capturado por los mismos hechos, entre diciembre de 2017 y julio de 2018 con la finalidad de interceptar comunicaciones, además recibió informes de la policía, habría omitido órdenes a policía judicial y habría intentado dar visos de legalidad llevando los casos ante jueces de control de garantías.
La diligencia que no tardó más de 45 minutos y en que le fueron imputados concierto para delinquir, prevaricato por acción, fraude procesal, interceptación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de comunicaciones, el fiscal capturado dijo que los argumentos de la Fiscalía no estaban del todo claros, por lo que fue necesario que el delegado del búnker explicara las inconsistencias que a juicio del detenido se habían presentado.