Para el Tribunal Superior de Santander, Juan Guillermo Valderrama Amézquita debe responder por el delito de desaparición forzada, además de feminicidio agravado, en el sonado caso de la muerte de su pareja, la ciudadana chilena Ilse Amory Ojeda, ocurrida el 31 de marzo pasado.
Esto quedó en firme ayer, sobre las 2:30 p.m., tras una nueva audiencia en la que el Tribunal Superior de Santander consideró que la Fiscalía actuó debidamente al imputar el delito de desaparición forzada a Valderrama.
Así las cosas, el magistrado encargado no aceptó los argumentos de la Procuraduría y la defensa, quienes habían solicitado que el delito de desaparición forzada fuera retirado al procesado en vista de que no era clara la forma como se privó de la libertad a la ciudadana extranjera.
Lea aquí: Así era Ilse Ojeda, la chilena asesinada en Colombia
“Se mantiene la desaparición forzada, entonces la petición que habíamos hecho en la audiencia de formulación de acusación (en septiembre pasado) se quedó sin piso jurídico. Los cargos que quedaron son feminicidio agravado y desaparición forzada”, señaló Flor Alba Cely de Vera, abogada defensora.
Buscan llegar a un preacuerdo
Pese a que la audiencia preparatoria está citada para el próximo 16 de enero, según la defensora, buscarán llegar antes de esta fecha a un preacuerdo con el ente acusador.
“No vamos ni a preparatoria ni a juicio. Este miércoles nos vamos a trasladar a la Fiscalía Primera Especializada, ya hemos hecho conversaciones con el señor fiscal para hacer el preacuerdo”, agregó Cely de Vera.
Lea aquí: Así transcurren los días de Juan Valderrama en Palogordo
Una fuente extraoficial precisó que la Fiscalía estudia un preacuerdo que sería entre 35 a 37 años de condena para Valderrama Amézquita, el expolicía santandereano.
“La noticia es esa, Juan Valderrama tiene valor civil, ya un poco reposado de las circunstancias en que ocurrieron esos hechos, y ha querido presentar ese preacuerdo en compañía de la Fiscalía”, concluyó la abogada.
Si las partes logran acordar el preacuerdo, este pasará a manos de un juez que procedería a hacer el allanamiento de los cargos y posteriormente proferiría el fallo.
