La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), realizar una audiencia pública para el trámite de la solicitud de licencia ambiental que busca desarrollar el proyecto de minería subterránea de cobre Quebradona, en Jericó, Antioquia.
En una carta enviada al director de la autoridad ambiental, Rodrigo Suárez Castaño, el Ministerio Público advirtió que existen voces de inconformidad en las comunidades afectadas por el desarrollo del proyecto, en relación a la imposición de una práctica extractiva en una región con vocación agrícola.
“Argumentan las comunidades que no son una región con vocación minera, se plantean temores de perder su territorio y el agua de la zona, y que además se generen graves impactos al medio ambiente”, dijo el ente de control.
Explicó en su misiva que la Corte Constitucional estableció que el subsuelo y los recursos naturales no renovables son propiedad de la Nación, pero no aclaró los procedimientos para concertar ni resolver los conflictos socio-ambientales que se generan entre entes territoriales, comunidades y Nación.
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Advirtió que no es posible desconocer que para la ejecución de actividades extractivas es indispensable implementar acciones puntuales en la superficie. “En la práctica no es factible desarrollar actividades mineras sin generar impactos en el suelo, impactos de carácter ambiental, social, económico, paisajístico, cultural e incluso afectaciones en la cosmovisión de los habitantes de la región, al igual que alteraciones a sus usos, prácticas, modos locales de producción y tradiciones”, argumentó.
La Procuraduría General hizo un llamado al desarrollo armónico entre los principios del Estado y la autonomía territorial, y al ejercicio de las competencias bajo los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.