En audiencia pública en el caso que se surte contra cinco uniformados del Ejército, presuntamente, vinculados con la muerte del excombatiente Dimar Torres, alrededor de cinco soldados profesionales entregaron su testimonio respecto de lo sucedido.
La diligencia disciplinaria, que completó las siete horas, se surte en contra del cabo segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo, el teniente coronel Jorge Armando Pérez Amézquita y los soldados David Casilimas Pulido, William Andrés Alarcón Castrillón y Yorman Alexander Buriticá Duarte.
En el marco de la audiencia la abogada Diana Prada Arismendí, quien defiende los intereses del coronel Jorge Armando Pérez Amézquita; el abogado Jairo Andrés Santos, defensa de los soldados Casilimas, Alarcón y Buriticá, les hicieron una serie de preguntas a los soldados profesionales Víctor Hugo Cano Valbuena, Manuel Romero, Javier Blanco y Alexander Sastoque, con el fin de mostrar al procurador lo ocurrido durante la muerte del excombatiente.
Cano Valbuena, por su parte, aseguró que no conoció al coronel Pérez Amézquita, pero sí que fue agregado a un grupo de WhastApp llamado ‘Alabarda4’, en el cual no estaba adscrito el coronel mencionado.
“Me agregaron a ese grupo de Whastapp y fue creado cuando se hizo un tema de seguridad, que tenía la finalidad de pasar medicamentos y alimentos a Venezuela”, señaló Cano Valbuena. La importancia del grupo de la red social es porque, precisamente, se ha mencionado que la directriz de causar la muerte al excombatiente de las Farc se dio a través de tal medio.
En un segundo testimonio adelantado por el soldado profesional Manuel Romero, en diligencia pública, la defensa de coronel Pérez Amézquita desistió de tener la declaración, debido a que encontraron inconsistencias en su relato.
En la declaración rendida una vez ocurrió la muerte del excombatiente Romero habría anunciado que tenía conocimiento de lo sucedido, sin embargo, en audiencia pública el uniformado no solo se negó a entregar información de las preguntas hechas por el procurador y los abogados, sino que pedía la presencia de un abogado.
En más de una ocasión, los abogados de los hoy capturados le mencionaron si durante los últimos meses habría sufrido algún golpe o había tenido enfrentamientos en combate, esto debido a que la versión era totalmente diferente a la que entregó inicialmente.
Respecto del cabo Alexander Sastoque, señaló que días previos adelantó una labor de destrucción de elementos materiales ilícitos incautados en el marco de las operaciones militares. Además de eso, anunció que un “civil” se acercó al grupo de uniformados a mencionar que el excombatiente era miembro del ELN, que por lo general se dedicada a sacar hidrocarburos de manera ilegal del oleoducto y que solía tener un arma de fuego.
Sobre lo sucedido expuso no tener conocimiento de directrices por parte del coronel Pérez Amézquita, sobre darle muerte al excombatiente. Ni que tampoco entregó información al cabo Gómez, condenado por el asesinato, sobre la información entregada relacionada con las supuestas acciones ilícitas de Torres.
El soldado Blanco, por su parte, mencionó en audiencia pública que sabía de la intención de Gómez por darle muerte al excombatiente, y aunque en más de una ocasión lo persuadió para que no lo hiciera, finalmente Torres terminó sin vida.
“Me acuerdo tanto que le dije que no estaba de acuerdo, que no lo hiciera porque eso iba a hacer no solo un problema para él sino para la unidad que apenas estaban empezando”, señaló Blanco.
El soldado señaló que él fue quien hizo el reporte de la muerte de Torres, partiendo de lo que mencionó el cabo Gómez. “Dijo que habían forcejeado, porque le querían quitar el fusil y en eso se disparó el arma”.
“Yo le pregunté a los soldados que estaban en el punto y nadie me quería decir nada, solo fue el cabo que se me acercó y me comentó los hechos”, argumentó Blanco, señalando que los soldados inmersos en tales hechos eran consumidores de sustancias psicoactivexas.