Pese a que en la Fiscalía reposan más de cinco hipótesis alrededor del magnicidio del líder político Álvaro Gómez Hurtado, la que se ha movido con más fuerza durante el último año es que el crimen fue perpetrado por las extintas Farc.
Lo anterior debido a que meses atrás los otrora exjefes del grupo guerrillero a través de una misiva declararon que son los responsables del asesinato, al declarar a Gómez Hurtado como un objetivo armado y poner su vida a consideración del Secretariado de la estructura criminal para ser discutido por el denominado Estado Mayor.
Desde ese entonces las fichas empezaron a moverse alrededor de esta hipótesis y cogió más peso luego de que en septiembre pasado la exsenadora Piedad Córdoba apoyó tal señalamiento, de ahí que tanto la Fiscalía General como la Jurisdicción Especial para la Paz empezaran a moverse en esa orientación.
Ambas jurisdicciones, por ejemplo, anunciaron que vinculaban a la investigación a Rodrigo Londoño y Julián Gallo, exjefes del grupo guerrillero, con el fin de que entreguen información sobre el crimen. La más reciente decisión del ente acusador fue vincular a Luciano Marín, alias ‘Iván Márquez’, y ordenar su captura, y en el caso de la JEP fue citar a audiencias a los hoy senadores. (Lea aquí: “Yo ejecuté la orden de asesinar a Álvaro Gómez”: Carlos Antonio Lozada)
Precisamente a pocos días de conocerse la orden de captura en contra de Márquez, Londoño máximo jefe del grupo guerrillero comparecerá ante la JEP como lo hizo en diciembre pasado Julián Gallo, quien aseguró que conocer los horarios de clase y sus movimientos en la Universidad Sergio Arboleda fueron pieza clave para acabar con la vida del dirigente político.
Para el abogado Enrique Gómez, quien defiende los intereses de la familia del político conservador, la declaración “triste y sin fundamento real de práctica o prueba” de Gallo es lo que tiene a la Fiscalía y a la JEP sumergidos en hipótesis que se alejan de lo que, a su juicio, pasó verdaderamente.
“Sabemos bien que esa hipótesis no tiene ningún antecedente, ningún fundamento y lamentamos mucho la actitud de la Fiscalía, que ahora vinculando a la investigación a Iván Márquez va a tener la disculpa perfecta para dejar en el olvido el extenso capítulo de pruebas que ha sido recaudado por la Fiscalía y que apunta a la ocurrencia de un crimen de Estado por parte de Ernesto Samper y Horacio Serpa”, dijo el penalista.
Para Gómez, los mensajes que han enviado ambas jurisdicciones son erróneas, ya que se está dejando de lado la investigación que por años se ha adelantado por el crimen y por el contrario le han dado crédito también a los señalamientos que hizo la exsenadora Piedad Córdoba sobre la responsabilidad del grupo guerrillero.
El penalista lamenta que por cuenta de una declaración que se conoció 25 años después del deceso del líder político, la investigación dé un giro inesperado que culminará, a su juicio, sembrando un manto de impunidad que empezó con las declaraciones de la exsenadora.
“Es una tristeza ver al fiscal Francisco Barbosa lanzándose de manos llenas a esta hipótesis, mientras que la investigación seria, la que lleva años en desarrollo, está abandonada en la práctica desde hace más de un año”, relató el penalista, quien catalogó las últimas determinaciones alrededor del caso como “un circo”.
Por último, el abogado aseguró que la familia Gómez Hurtado lamenta la decisión de la Fiscalía sobre la vinculación de los exjefes guerrilleros a la investigación debido a que consideran que el ente acusador “le da sin vergüenza alguna un entierro de tercera a la investigación de Gómez y Huertas”.
QUÉ SIGUE EN EL PROCESO
En la Fiscalía, la vinculación de Márquez al proceso no solo abrió la brecha a que las autoridades den con su paradero sino que también la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien tomó la determinación, solicitó una inspección judicial al expediente del exjefe guerrillero que desertó de la implementación del proceso de paz.
Cabe mencionar que Márquez fue expulsado de la JEP luego de que decidiera junto con ‘Jesús Santrich’, ‘El Paisa’, ‘Romaña’, ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Mordisco’ abandonar los acuerdos y alzarse nuevamente en armas, dando pie a la creación de la ‘Segunda Marquetalia’, de ahí que ahora quien asuma las investigaciones por delitos cometidos en el marco del conflicto armado sea la Fiscalía General. (Lea aquí: Orden de captura contra Iván Márquez por magnicidio de Álvaro Gómez)
Bajo ese entendido, el otrora exjefe del grupo guerrillero no puede ser objeto de los beneficios del tribunal de paz, por lo que en el caso puntual del magnicidio de Gómez Hurtado se podría enfrentar a una pena entre los 25 y 30 años, por el delito de homicidio agravado.
Respecto de la investigación que se sigue en el tribunal de paz, fuentes oficiales de la justicia transicional reiteraron que la máxima pena que se impone está entre los 15 y 20 años de prisión para quienes no aporten verdad plena y sean vencidos en juicio.
Un segundo panorama se registra para las personas que acepten responsabilidad tardía en un hecho, y purgarían alrededor de ocho años, mientras que para quienes comparezcan y aporten verdad podrían tener beneficios de restricciones de libertad a partir de los cinco años.
Así las cosas, el panorama de Londoño y Gallo puede estar en las últimas dos opciones, porque han comparecido ante el tribunal para entregar la versión de lo ocurrido, sin embargo, cabe mencionar que la justicia transicional en su análisis determinará si la información relacionada es acorde a la verdad y repara a las víctimas.
Respecto de la familia Gómez Hurtado, continuarán adelantando acciones para que las pruebas recaudadas durante más de 25 años, desde que ocurrió la muerte del líder político, sean tenidas en cuenta a la hora de tomar una determinación en el proceso.
La muerte del dirigente político se registró a la salida de la Universidad Sergio Arboleda, el 2 de noviembre de 1995. Su asesinato fue declarado como crimen de lesa humanidad en el año 2017, por lo que la investigación de su homicidio no prescribirá.