Desde su posesión, el presidente Iván Duque ha buscado retomar la fumigación de cultivos ilícitos, como una estrategia efectiva, desde su punto de vista, para enfrentar el narcotráfico y la violencia que se deriva de él y que azota a varias regiones del país.
Durante más de dos años, el mandatario tuvo un fuerte respaldo del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en varias ocasiones insistió en la necesidad de retomar la aspersión aérea en Colombia como herramienta fundamental de la lucha contra las drogas.
Muchos analistas pensaron que su rival, Joe Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, haría un cambio en esta política, teniendo en cuenta los efectos ambientales y para la salud que se le atribuyen al uso del glifosato en esta técnica de erradicación de cultivos.
Pero la certificación expedida el lunes por el Departamento de Estado de Estados Unidos resultó sorpresiva para muchos, porque además de respaldar a Colombia en su lucha contra el narcotráfico, le da un espaldarazo a los propósitos del Gobierno de retomar la aspersión aérea.
¿Significa ese apoyo que está allanado el camino para retomar las fumigaciones en Colombia? ¿Qué tan cerca estamos en realidad de retomarlas y es esta la política correcta que se debe implementar en el país?
Según Gabriel Tobón, investigador de la Universidad Javeriana, el apoyo de Estados Unidos no salda la discusión que se le debe dar al tema en el país. Hay una “clara obstinación del gobierno de los Estados Unidos de pretender que con esas fumigaciones, va a desaparecer la droga, cuando se ha demostrado que la forma eficiente es mantener los compromisos con las comunidades de erradicación voluntaria“, dice.
Más lejos de lo que creemos
Para retomar las fumigaciones en el país, se debe cumplir con las condiciones establecidas por la Corte Constitucional en esta materia, que en términos generales exigen garantías para el medio ambiente y para la vida de quienes habitan en zonas aledañas, además de un proceso de consulta participativo con las comunidades afectadas.
Por eso, bajo este objetivo y tras un largo periodo de trabajo, el pasado 30 de diciembre el Ministerio de Justicia publicó un borrador sobre el proyecto de decreto que regulará las fumigaciones.
El documento reglamenta las condiciones para la aspersión y recuerda que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) es el encargado de dar el aval. Añade que la ejecución estará en manos de la Policía Antinarcóticos y el CNE definirá las zonas para fumigar.
Se han realizado además audiencias con la ANLA, la Dirección Antinarcóticos de la Policía y la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior.
Pero aunque este borrador ya fue dado a conocer y representa el paso más importante para lograr el objetivo, esté aún se encuentra en etapa de revisión en el Consejo Superior de Política Criminal y aún no se conoce una fecha de cuando será publicado el documento final.
Además, aún faltan algunos pasos para poder retomarla, como la evaluación de riesgos para la salud de las personas que viven cerca de las áreas que van a ser fumigadas por parte del Instituto Nacional de Salud, el concepto de la ANLA, quien dijo que no ha tomado una “decisión sobre el trámite de modificación del Plan de Manejo Ambiente” y la explicación por parte del gobierno de cómo va a priorizar la sustitución voluntaria y la erradicación manual. La fumigación de cultivos ilícitos, aunque se retome, debe ser considerada la última opción, cuando todas las demás fallen.
La Policía Nacional en cabeza de la Dirección Antinarcóticos ha manifestado que está a la espera de la orden para iniciar, pues como afirmó el Coronel José James Roa Castañeda, Jefe de la Compañía de Aspersión Aérea, ya tienen listas tres plataformas tecnológicas para la ejecución de las operaciones, además de aviones tipo agrícolas AT802, equipos de detección satelital y sistemas de georeferenciación para que las descargas sean de altísima precisión en “áreas plenamente identificadas y zonas que están excluidas de personas de comunidades étnicas, indígenas y afros”.
Añadió que la gente puede tener la certeza que solo se van a asperjar territorios repletos de coca en base en 17 puntos que han acordado durante audiencias públicas con la comunidad.
No es la política correcta
Este respaldo preocupa a analistas como Ariel Ávila quien cree que esto puede acelerar una política “que es ineficiente desde el Plan Colombia pues desde los años 90 se empezó a fumigar y hoy tenemos más cultivos que en esa época, fumigamos más de un millón de hectáreas y eso no mejoró”.
También dijo que tiene una clara preocupación frente a lo que va a suceder en el país porque si hay fumigaciones “ este país se va a incendiar, 300.000 campesinos en las carreteras colombianas”.
Por su parte, Gabriel Tobón asegura que la fumigación solo traerá impactos negativos, sobre los recursos hídricos, los suelos, las especies forestales y la salud de las personas.
Agregó que los cultivos se desplazan de “unos lugares a otros en un fenómeno de relevo en donde aquellos departamentos que fueron intensamente fumigados bajan sus áreas establecidas en coca, pero aparecen en otros departamentos con mayor fuerza, por lo tanto no sirve para nada”.
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