Ante la crisis hospitalaria que vive el país en el momento con más contagios y muertes desde que inició la pandemia, un grupo de personas con discapacidad y de mayor edad piden al Ministerio de Salud evitar la discriminación en el momento de asignar UCI ante la alta demanda de casos de COVID-19.
Protocolos de la Alcaldía de Medellín y de la Clínica Foscal Internacional de Bucaramanga llevan que se consideren la edad, la discapacidad o la existencia de ciertas enfermedades, distintas al coronavirus, como criterios posibles para negar el acceso a una UCI, según la acción de tutela.
Por estos casos y por la falta de claridad y transparencia en la información de protocolos de decisiones éticas, cuando los médicos se ven en la obligación de escoger a qué persona se le asigna una UCI en el marco de la pandemia, un grupo de 26 ciudadanos con discapacidad, mayores de 60 años o que tienen ciertas condiciones de salud, interpusieron una tutela en contra del Ministerio de Salud.
La acción judicial pide garantizar lineamientos claros que eviten la discriminación en contra de las personas mayores, con discapacidad o condiciones de salud en el ejercicio de triages éticos durante la pandemia por COVID-19.
“Cuando la discapacidad se convierte en una razón para considerar una vida de menor valor que otra, que no tiene ninguna situación de salud, pues eso es una discriminación”, dice Diana Bustamante, directora del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de Universidad de los Andes que junto al Instituto ÓNeill para el Derecho y la Salud Nacional y Global de la Universidad de Georgetown realizaron el acompañamiento para interponer la acción judicial.
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La académica también comentó que existe una paradoja entre la priorización para la vacunación y la priorización para la atención de las personas con discapacidad.
“La discapacidad, por ejemplo, se considera una enfermedad para efectos de priorización de las vacunas pero en el caso de la atención en salud se considera un criterio para no atender a las personas, y eso es muy grave“, dice Bustamante.
Además, en la acción de tutela se destaca la ausencia de directivas claras que establezcan que no se deben realizar triages éticos sin haber agotado todas las posibilidades de remisión de pacientes a otros lugares con disponibilidad.
Aunque en marzo de 2020 el Ministerio de Salud publicó las “recomendaciones Generales para la Toma de Decisiones Éticas en los Servicios de Salud durante la Pandemia COVID-19’, estas recomendaciones no son vinculantes y han permitido que cada departamento, municipio o clínica y hospital decida cómo y cuándo implementar ejercicios de triage ético.
En Bucaramanga, por ejemplo, el pasado 20 de junio se conoció el caso de la señora Luz Stella Cabanilla, a quien en la Clínica Chicamocha no le prestaron atención por su edad, según denunciaron en la red social Twitter.
“En Bucaramanga necesitamos una UCI para Luz Stella Cabanilla, de 65 años afiliada a @sanitas. Se encuentra en la #ClnicaChicamocha, nos informan que están haciendo #TriageÉtico y no dan cama por la edad“.