Venezuela se convirtió, esta semana, en el primer país en la historia de América Latina al cual la Corte Penal Internacional (CPI), le abre una investigación formal por posibles crímenes de lesa humanidad, una decisión que, según los analistas, refleja que las autoridades venezolanas no funcionan bien. Lea: Corte Penal Internacional abrirá investigación formal contra Venezuela
La apertura de esta investigación fue anunciada el pasado miércoles, por el propio fiscal de la CPI, Karim Khan, tras una gira de tres días por Venezuela, en compañía del presidente de ese país, Nicolás Maduro, quien no se mostró de acuerdo con la decisión. Además, se da seis días después de que el mismo organismo internacional cerrará el examen preliminar que mantenía sobre Colombia.
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Ambas partes acordaron que Venezuela adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, de acuerdo con los estándares internacionales, además de establecer los mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del fiscal.
LA INVESTIGACIÓN
La apertura de una investigación formal contra Venezuela es el desenlace de un largo examen preliminar iniciado en febrero de 2018, por la entonces fiscal Fatou Bensouda, para analizar los crímenes que se presentaron en Venezuela en 2017, en el marco de un período de manifestaciones e inestabilidad política, y donde había indicios del uso de fuerza excesiva por parte de las autoridades.
De acuerdo con un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, titulado ‘Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin’, en 2017 se presentaron 9.787 protestas en todo el país, donde las autoridades violaron el derecho a la manifestación pacífica.
Además según el informe, que fue revelado en 2018, fallecieron en medio de las protestas 124 personas, de las cuales 46, según la ONU, fueron asesinados presuntamente por agentes de seguridad venezolanos.
También se presentaron detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso y torturas, entre otros hechos.
Ante este panorama, el 27 de septiembre de 2018 los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá, enviaron una carta a la Fiscalía de la CPI, solicitando investigar estos supuestos crímenes y abusos a los derechos humanos, lo cual fue catalogado como novedoso.
IMPLICACIONES
De acuerdo con Francisco Bernate, abogado y presidente del Colegio de Abogados penalistas de Colombia, lo más importante de este anuncio es que por primera vez la Corte Penal Internacional se enfoca en una investigación fuera de una nación africana, lo cual era un reclamo de los países miembros y una necesidad para legitimar la propia CPI.
Agrega que lo que se viene ahora es una presencia activa de parte de la CPI en Venezuela, unas investigaciones encaminadas a determinar casos específicos como genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, que son de competencia de la Corte.
Por su parte, Enrique Prieto Ríos, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, va más allá, y dice que la apertura de esta investigación en contra de Venezuela es el reflejo de que las autoridades venezolanas no están cumpliendo con los estándares internacionales, es decir, no están adelantando las investigaciones adecuadamente de los casos que son de lesa humanidad o crímenes de guerra.
También se está dando un mensaje muy contundente, según el profesor, desde el órgano judicial más importante del mundo a ese país y es que “la autoridad judicial de Venezuela, no sirve”.
Prieto Ríos agrega que lo que va a suceder ahora es que la Fiscalía de la CPI va a empezar a recolectar toda la información necesaria para solicitar a la Corte Penal Internacional una acusación en contra de uno o varios funcionarios del Gobierno de Venezuela que hayan podido cometer crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con el estatuto de Roma. “Entonces los juzgados podrán ser las cabezas, ministros e incluso el presidente”, puntualizó.