La Procuraduría General de la Nación estudia la posibilidad de radicar hoy una denuncia penal y disciplinaria en contra de la coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao de Bogotá, Lilyan Jhohana Bastidas Huertas, quien expidió la libertad de dos jóvenes vinculados a la primera línea: Santiago Márquez y Adriana Bermeo. Lea: Voceros de paz: estos son los dos primeros liberados
De acuerdo con el procurador delegado para Asuntos Penales, Jairo Ignacio Acosta Aristizábal, el Ministerio Público estudia las posibles irregularidades que se pudieron haber cometido en términos de validez y de responsabilidad.
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En declaraciones a medios, el procurador delegado recordó que estas liberaciones de los llamados voceros de paz se dan en virtud de la Ley 2272 de 2022 y el Decreto 2422 que creó la Comisión Intersectorial, donde la Procuraduría no tiene asiento. Lea: Voceros de paz: estos son los primeros 7 jóvenes que Petro liberará
“En estas decisiones encontramos varias irregularidades por temas de competencia porque esta funcionaria no podría haberlo hecho; por razones de publicidad y control porque no pudimos acceder a este trámite, y por razones de legalidad e interpretación, pues debió hacerlo un juez de Garantías”, dijo Acosta. Lea: Colombia “no aguanta más enfrentamientos”: Fiscal tras reunión con Petro
Además, señaló que el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao no suministró al agente del Ministerio Público la información sobre estos casos, y fue necesario acudir a los centros carcelarios, “y encontramos que no tenía competencia para ordenar estas libertades, pues no estaba en sus competencias según el acuerdo 2764 de 2004”.
Acosta Aristizábal defendió la competencia de la Procuraduría General en todos los procesos penales en los que se requieren pesos y contrapesos, garantía de división de poderes y una reserva judicial que supone que sean los jueces de control de garantías. “Vamos a revisar la validez de estas decisiones, y pediremos a la Judicatura la validez de estas decisiones”, dijo.
Los liberados
Santiago Márquez, de 19 años, permanecía recluido en la cárcel de Girón desde noviembre de 2021 por los delitos de concierto para delinquir, lanzamiento de objetos y sustancias peligrosas y perturbación del transporte público. Según las autoridades, el estudiante de la licenciatura en Biología de la Universidad Pedagógica hacía parte de la Primera Línea calle 80 de Bogotá.
Ante su liberación, el presidente Petro compartió una fotografía del reencuentro del joven con su familia, asegurando que ahora como vocero de paz buscará “lograr el empoderamiento pacífico de la juventud popular”.
Adriana Bermeo, oriunda de Bogotá, quien estaba recluida en la cárcel El Pedregal, de Medellín, en condición de procesada. Según su familia, es una joven que ha dedicado gran parte de su vida a la protección de animales de la calle.
Queda pendiente la liberación de otros cinco jóvenes: Laura Camila Ramírez Enciso, Arles Andrés Bolaños Zemanate, Juan Sebastián Galeano Correa, Álvaro Andrés Duque Ruiz y Bremmen Hinestroza.
Un juez de Popayán negó la libertad de dos jóvenes designados por el Gobierno nacional como gestores de paz, y que están vinculados al movimiento social ‘Los Sin Techo’.
Se trata de Álvaro Andrés Duque Ruiz y Bremmen Hinestroza, quienes habían recibido el beneficio de la libertad condicional para cumplir labores como gestores de paz.
Trascendió que el juzgado argumentó que este caso es diferente a los del movimiento Primera Línea, pues al parecer los hechos por los que están privados de la libertad se habrían cometido en 2022 y no durante el estallido social del año pasado.
De hecho, Duque e Hinestroza están siendo procesados por el delito de avasallamiento, pues estarían comprometidos en las invasiones que se registraron en predios en el norte de Popayán.