En el programa que les permite validar el bachillerato a jóvenes y adultos en Medellín habría malos manejos por parte de la Secretaría de Educación. Al parecer, según una denuncia del diputado Luis Peláez, se estarían malversando recursos con estudiantes fantasma. Es decir, algunos operadores estarían cediendo a presiones para cobrar por alumnos que no existen, deteriorando una estrategia que debería beneficiar a 17.000 personas.
“Resulta que en el Simat (Sistema de Matrículas Estudiantil) hay estudiantes registrados con cédulas que no existen: cobran por personas que en realidad no están recibiendo educación primaria ni básica secundaria”, dice el diputado. Lo particular de la denuncia, además de la gravedad que reviste, es que Peláez afirma haberla compartido en una misiva con el exministro de Educación, Alejandro Gaviria, el 8 de septiembre pasado. Lea también: ¿Mauricio Lizcano saldrá de la Secretaría de la Presidencia?
En los primeros apartados del texto conocido por el diario El Colombiano se reseña que en la Secretaría (en donde es bien conocida la influencia del precandidato a la alcaldía Albert Corredor) se estarían feriando los cupos de cobertura. El diputado, quien dice no haber recibido respuesta del entonces ministro, describe en la misiva una situación vivida por uno de los operadores: “En reunión con el señor (Albert) Corredor, en la sede principal del Censa, dejó claro que si no se pagaba el 30% del valor del contrato no era posible asignar nuevos cupos”.
Te puede interesar:
Elecciones presidenciales: ¿Quiénes podrán cobrar la reposición de gastos y quiénes no?
La fuente agrega que el despacho asigna los cupos mediante contratación directa, fija los valores y, como si fuera poco, es ahora responsable de la interventoría de cada uno de los contratos (algunos se acercan a los $250 millones). “Hasta crearon un sistema para reportar la información, cuando eso se hacía directamente con la Nación”. De por medio, en palabras del diputado, hay una inversión anual de $35.000 millones.
El modus operandi
El programa de ampliación de cobertura educativa ofrece cupos para jóvenes mayores de 15 años y adultos que aún no concluyen el bachillerato. La modalidad, explica el operador, cubre los grados de primero a once y presta servicio entre semana y fines de semana. “Al programa llegan jóvenes y adultos que son suspendidos de los colegios, que desertaron por maternidad o incluso por trabajo”, cuenta la fuente. Mejor dicho: se atiende población vulnerable.
El asunto es que de los recursos destinados para el programa, por lo menos la mitad se queda entre la Secretaría y la contratación de la interventoría. Hasta ahí, todo normal, dice la fuente: “Así ha pasado durante años, lo inusual arrancó el año pasado”. De un momento a otro comenzaron a circular propuestas como esta: “Le damos $1.000 millones —un millón por cada estudiante—, pero usted luego nos devuelve $300 millones”, explica la fuente.
Lo que se haría es inflar la facturación por estudiantes y, luego de cobrarlos por varios meses, reportar que desertaron. “Y como ellos hacen la interventoría, justifican que el operador los tiene todos”, dice la fuente. De por medio habría nombres y cédulas falsas, que serían el soporte para el gasto de los recursos. Lo demás, agrega el operador, ocurre presencial: el conteo de los estudiantes, la verificación de su asistencia y hasta la negación de los mismos. Sí, justo es ese el mecanismo que habrían usado con varios operadores que se negaron a inflar sus matrículas. “Nos hicieron entregar el contrato. No aguantamos: iban a la sede y si había 350 estudiantes, facturaban 100. Terminábamos asumiendo los costos del resto. Y ellos, en el Secop, afirman que nos pagaron todo”. A este operador, nada más en el primer semestre de 2022, le dejaron de pagar durante cinco meses. “Nos pagaron solo el 65%”.
Yo con yo
Lo que cuenta el operador, quien respalda la denuncia del diputado Peláez, es que la “redada” comenzó luego de negarse a aceptar un pago del 30% por el aumento de cupos. Afirma haberle respondido al mismo Corredor en su oficina que prefería continuar con la misma cantidad, antes de someterse a tal proposición. Al negocio, bajo estas condiciones, habrían entrado no más de diez empresas cercanas a esta familia.
El otro asunto que causó recelo entre los operadores fue la creación del sistema de información Sico. La plataforma, en la que se reporta la información de los estudiantes, cumple funciones similares al Simat, que es el sitio web nacional autorizado. Según el operador, es una especie de “Medellín me Cuida” educativo, en el que sería más fácil la manipulación de los datos. “Lo más sospechoso fue cuando inventaron ese software, cuando toda la vida trabajamos con el Simat. Nos tocó contratar a otra persona para que montara la información”.