Tras el controvertido caso de dos uniformados de la Policía del municipio de Soacha (Cundinamarca) que, al parecer, se tragaron varios billetes producto de una extorsión para no ser descubiertos, este jueves la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa. Lea aquí: Policías se comieron los billetes de una extorsión cuando los descubrieron
Según el ente de control, se trata de servidores públicos por determinar de la Policía por la presunta extorsión hecha a un comerciante al que exigieron dinero, el cual fue ingerido por uno de ellos en el momento de su entrega, hecho por el que tuvo que ser trasladado a un centro médico.
“La Provincial de Instrucción de Fusagasugá señaló que, al parecer, los uniformados contactaron a una persona a la que retuvieron durante dos horas en la estación para pedirle dinero a cambio de intervenir a su favor en un proceso penal y evitar su captura, para lo que debía hacer pagos semanales”, explicó el ente de control.
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El Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de verificar la ocurrencia de situaciones o actuaciones presuntamente irregulares, para identificar o individualizar al o los posibles autores de la aparente falta disciplinaria.
Esta semana se hizo viral el video que evidencia los momentos posteriores a la captura de los dos uniformados de la Policía que, al parecer, venían extorsionando a un comerciante. En las imágenes se observan las dificultades respiratorias y estomacales que sufrió uno de los policías luego de que supuestamente se tragó el dinero para tratar de encubrir el delito.
Al parecer, uno de los patrulleros ingirió un billete de $100.000 y ocho de $50.000. En uno de los clip uno de los uniformados dice: “No tengo nada, no he recibido nada. No sé de qué me están hablando”. Segundos después comienzan a hacerse visibles las molestias causadas por la aparente ingesta de los billetes. Por ello, tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.
Según el Gaula, ambos uniformados le exigían a la víctima un monto de $2 millones a cambio de supuestamente no capturarlo en medio de un supuesto proceso legal. Ante ello, los familiares del comerciante acudieron a la propia institución para denunciar lo ocurrido.