Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, y su expareja, Day Vásquez, fueron capturados en la mañana de este sábado 29 de julio. A Nicolás Petro la Fiscalía le imputó los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Según una millonaria sanción del Consejo Nacional Electoral, CNE, Petro Burgos movió $174 millones sin pasarlos por las cuentas oficiales de su campaña a la Gobernación del Atlántico, un hecho que, en la práctica, se traduce en mover esa alta cantidad de dinero bajo cuerda.
La primera vez que Petro le pidió a la Fiscalía que investigara a su propio hijo fue en 2014, cuando contratistas lo señalaron de estar injiriendo directamente en licitaciones del Instituto Distrital de Recreación y Deporte y de Transmilenio. Tras la detención de Nicolás Petro ¿Se presentarán más capturas?
Ante esas denuncias de supuesta corrupción, el entonces alcalde Petro le solicitó al fiscal de la época, Eduardo Monteaelgre, que investigara a su hijo mayor para descartar irregularidades.
Las declaraciones de su exesposa Day Vásquez destaparon el escándalo; ella culpó a Nicolás de recibir millonarias sumas de dinero para la campaña presidencial de su padre que, en la práctica, nunca llegaron al entonces candidato Petro.
En esas declaraciones de la exesposa de Nicolás, Vásquez reveló por lo menos cinco nombres de cuestionadas amistades y alianzas económicas del hijo del jefe de Estado. Captura de Nicolás Petro sacude a su padre tras un año de su llegada al poder
Entre ese dossier están el exnarcotraficante Santander Lopesierra, más conocido como Marlboro, de quien Petro Burgos habría recibido $600 millones; el político señalado de alianzas con paramilitares Alfonso Hisalca Eljaude, más conocido como El Turco Hisalca, quién habría entregado $400 millones en efectivo; y hasta el hijo del condenado excongresista por parapolítica Musa Besaile.
En el caso de Day Vásquez, es acusada de los delitos de lavado de activos y violación de datos personales.
Tanto Nicolás Petro Day Vásquez fueron puestos a disposición de un juez penal municipal con función de control de garantías para legalizar los procedimientos de captura y allanamiento.
Así mismo, la Fiscalía General de la Nación confirmó que solicitará que les sea impuesta una medida restrictiva de la libertad.