Luego de tres días de audiencias y giros sorpresivos, finalmente el juez de garantías dejó en libertad a Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, quien resultó revelando detalles de una supuesta financiación irregular a la campaña presidencial de su papá en 2022. Lea aquí: Este el empresario de Cúcuta que habría aportado a la campaña de Petro
Además, dejó en libertad a Day Vásquez, quien fue imputada por los delitos de lavado de activos y violación de datos personales. Sin embargo, tendrá algunas restricciones como presentarse ante los estrados cada vez que la soliciten, no salir del país y no asistir a reuniones políticas.
“El despacho accederá, previa suscripción de diligencia de compromiso, a que en su contra se imponga una medida no privativa de la libertad, en cuanto a observar buena conducta, presentarse periódicamente cuando se requiera por cuenta de cualquier autoridad, no salir de Colombia, y también de participar en cualquier reunión o mitín política, esto guarda relación con los hechos que se investigan”, explicó el juez. Lea aquí: Máximo Noriega le colaborará a la Fiscalía por el caso de Nicolás Petro
Así mismo, el juez de control de garantías pidió que se levantaran las órdenes de captura.
Nicolás no podrá asistir a ningún evento político, no podrá salir del país y mucho menos podrá tener contacto con cualquiera de las personas involucradas en el escándalo de corrupción como el exnarcotraficante Santander Lopesierra o Alfonso “El Turco” Hilsaca.
El primogénito del mandatario fue imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Si bien ninguno de los dos aceptó los cargos, Nicolás estuvo dispuesto a colaborar con la justicia y entregar nuevos nombres e información sobre un entramado de corrupción. Y cumplió con su palabra.
El fiscal del caso, Mario Burgos, dijo que: “el señor Nicolás aportó información relevante que hasta el momento la Fiscalía desconocía sobre la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente y de los dineros que ingresaron a la campaña superaron los topes mínimos permitidos por la ley y una parte no fueron reportados ante las autoridades electorales”.