“Tiene que llegar un momento de reconciliación. No podemos vivir 75 años en guerra, tres generaciones enteras consumidas en un conflicto, una sociedad que pareciera hecha para matarse entre sí y no para unirse, no para construirse como una nación, sino que parece haber nacido para armar guerras fratricidas”. Esa fue tal vez la intervención que más vítores y emoción provocó en los que escucharon a Gustavo Petro el pasado 30 de agosto. Lea: “A El Salado lo cogieron de estadio”: cuestionan evento de entrega de tierras
Dicha reflexión la expresó el presidente colombiano en medio de un acto simbólico realizado en El Salado, corregimiento de El Carmen de Bolívar, en el que el Gobierno entregó más de 780 hectáreas para proyectos productivos a 272 familias víctimas del conflicto y firmantes de los Acuerdos de Paz con las extintas Farc.
Reconciliación, guerra, conflicto, matarse, armar, fratricidas. Esos términos, de los 73 que integran el sentir de Petro, fueron los que más calaron en el escenario. Son palabras que mueven fibras y encharcan ojos en una población donde fue perpetrada una de las peores masacres, entre el 16 y el 22 de febrero de 2000, de un país en el que ese tipo de abominaciones no le daña el almuerzo a nadie.
Por su parte, el actual inquilino de la Casa de Nariño prometió desde su campaña presidencial la consecución de una paz integral, política que a más de un año después de su posesión provoca sendas críticas que se mezclan con la desilusión provocada por el recrudecimiento del conflicto tras los Acuerdos de la Habana, las penurias de los guerrilleros firmantes y el florecimiento de disidencias de las Farc y grupos narcotraficantes en muchas regiones del país.
Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz.
Gina Cabarcas, directora del Laboratorio de Justicia y Política Criminal, considera que el marco jurídico de la Ley tiene ventajas sobre sus antecesoras, desde la sanción de la Ley 418 de 1997 de orden público, pues tiene herramientas constitucionales que facilitan la investigación y judicialización de grupos criminales, diferencia actores armados en cuanto a los beneficios a ofrecer por la información que den a cambio, garantizar la entrega de activos y bienes y repara víctimas excluidas de políticas estatales anteriores.
¿El desafío? Cabarcas responde que la Paz Total, al ser una política de Estado, debe ser blindada como tal, asegurando su trascendencia por encima de los gobiernos y las ideologías. Que la búsqueda de la paz sea verdaderamente vinculante y no un discurso para ganar votos o para criticarlo todo.
• Estado vs. Ejército de Liberación Nacional (Eln).
• Estado vs. Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
• Estado vs. disidencias de las Farc no acogidas al Acuerdo de Paz (Estado Mayor Central (Emc), lideradas por alias Iván Mordisco)
• Eln vs AGC.
• Emc vs. Segunda Marquetalia, lideradas por Iván Márquez.
• Emc vs. Comandos de la Frontera (antiguos Farc y reductos paramilitares con presencia en el Putumayo).
• Emc vs. Eln.
Los ocho grupos con los que se busca dialogar
La Paz Total abarca todas las políticas relacionadas con la construcción de paz en las zonas afectadas históricamente por el conflicto armado. Estrategias similares han sido llevadas a cabo por todos los presidentes de los últimos cuarenta años para negociar con la insurgencia armada y dialogar el sometimiento de grupos de crimen organizado, y así propiciar una resolución integral y duradera del conflicto. Una asignatura pendiente para un país con seis siglos de sangre.
En cuanto a las figuras armadas, la legalidad colombiana hace la siguiente tipología, según el Derecho Internacional Humanitario:
• Grupo Armado Organizado al margen de la Ley (GAO): aquel que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control que permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.
• Estructura Armada Organizada de Crimen de Alto (EAOCAI): aquellas organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas, organizadas en una estructura jerárquica y/o red, que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles. Las conductas pueden estar enmarcadas en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos y que cumplan funciones en economías ilícitas.
Hasta el momento, la única mesa de diálogo que está en marcha es la que el Gobierno sostiene con el Ejército de Liberación Nacional, Eln, que atraviesa su cuarto ciclo de negociaciones y que además permitió la implementación de un cese al fuego bilateral, pese a que esa guerrilla sigue extorsionando y secuestrando, según ellos, porque esas son sus fuentes de financiación.
La Nación, así mismo, inició conversaciones con el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las Farc, que es liderada por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, para avanzar hacia una mesa de conversaciones. Mientras, esa organización sigue arreciando contra la población civil.
Además del Eln, estos son los actores armados, y sus particularidades, con los que hay acercamientos en aras de establecer un diálogo por la paz.
- Disidencias de Iván Mordisco, Estado Mayor Central: tres mil disidentes de las extintas Farc, especialmente mandos medios. Constituidas especialmente por personas que no firmaron el acuerdo y firmantes que no hallaron garantías en sus territorios, en los sitios de agrupamiento, donde vivían peor que en sus campamentos. Además, personas que militaron por el Sí en el plebiscito y campesinos que vieron como historias negativas seguían repitiéndose.
Por otro lado, la población comenzó a pedir que volvieran, según Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, debido al control social e histórico que tienen en los territorios, donde tienen núcleos familiares y emocionales en esas regiones.
- Disidencia Segunda Marquetalia, comandadas por Iván Márquez: dos mil combatientes con motivaciones similares al anterior grupo. Liderados por referentes de la insurgencia que no hallaron garantías tras la firma del Acuerdo de Paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. El caso Iván Santrich para ellos fue un “entrampamiento judicial”.
- Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) Clan del Golfo: nueve mil combatientes que sintieron que no se les cumplieron las garantías de la desmovilización colectiva de la Ley 975 de 2005, con la que el gobierno de Álvaro Uribe reincorporó a los combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Tienen la particularidad de ser una organización criminal al servicio del narcotráfico y de sus rutas.
- Los Shottas y Los Espartanos, de Buenaventura: controladores del contrabando que sale y entra del Puerto de Buenaventura, incluyendo la droga. Son dos mil integrantes, entre los dos grupos, derivados también de los fracasos de la Ley 975 de 2005.
- Las bandas y grupos organizados de Medellín y el Valle de Aburrá: el Gobierno tiene acercamientos con 14 de los 16 grupos que conforman este imperio criminal en Antioquia. Tienen entre 12 y 14 mil miembros entre todos los grupos. Su economía muta entre lo ilícito y lo legal con conexiones con Cali, Cartagena y Barranquilla. Tienen alianzas esporádicas y también conflictos con las AGC y con las Autodefensas de la Sierra Nevada, según la circunstancia.
- Las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta: mil hombres que controlan todos los servicios turísticos de la Sierra Nevada y las actividades ilegales como la extorsión en Magdalena.
- Grupos de Quibdó, Chocó: el Gobierno Petro tiene acercamientos con 600 de los mil hombres que integran a estas estructuras cuyo origen proviene de Medellín y que están involucrados con las dinámicas de la política local, regional y en el ámbito empresarial.
“No hacer la paz integral con todos los actores, escala el conflicto con los que no estuvieron en una mesa. Es necesario hablar con todo el mundo. ¿Por qué hay que hablar con todos? Porque luego no habrá resoluciones estructurales y esto incluye a los grupos al servicio del narcotráfico”, expone Danilo Rueda, quien informó que hay otros actores armados interesados en parar la violencia y promover el diálogo. Estos grupos se encuentran en ciudades como Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Tuluá, Jamundí, Cali, entre otros territorios.
Para la consecución de la paz con estos grupos serán cruciales los equipos que tendrá la Oficina del alto comisionado en las ocho regiones de Colombia. El Gobierno construye estos equipos con una perspectiva multidisciplinar para promover cuestiones de género, medioambiente, educación, entre otros, en las zonas de mayor conflicto.