Continúa su curso el escándalo de las chuzadas a Marelbys Meza, exniñera del hijo de la que fuera jefe de gabinete del Gobierno Petro, Laura Sarabia. En las últimas horas, en una audiencia judicial, la jueza tercera de control de garantías de Bogotá, legalizó las capturas de los agentes de la Dijín de la Policía y de un particular, quienes son acusados por participar en las interceptaciones ilegales al número de teléfono de Meza.
El togado en medio de la diligencia, señaló que las autoridades cumplieron con los procedimientos legales, indicando que se les dio la información detallada del por qué de su captura.
Laura Kamila Toro, en representación de Marelbys Meza, solicitó a la jueza que se la considerara como víctima dentro del proceso debido al impacto que las acciones de los agentes de la Dijín tuvieron en la integridad y el buen nombre de Meza. Fabiola Posada, quien también se vio afectada al ser vinculada erróneamente con el Clan del Golfo, solicitó la misma consideración. Le puede interesar: Laura Sarabia: el trámite que confirma su regreso al gobierno de Petro
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Es importante precisar que, la Fiscalía General de la Nación imputará cargos al capitán Carlos Andrés Correa Loiza, el intendente Alfonso Quinchanegua, los patrulleros John Fredy Morales Cárdenas y Dana Alejandra Canizales Bonilla, así como al particular Fredy Alexander Gómez. Los cargos están relacionados con su presunta participación en las interceptaciones ilegales y la vinculación incorrecta de las víctimas con el Clan del Golfo.
En una audiencia paralela, otro juez de control de garantías legalizó la captura de la fuente humana y del policía Freddy Alexander Gómez Bustamante, quienes también participaron en las interceptaciones ilegales. Ambos deberán responder por la fabricación de un montaje en el que relacionaron a las dos mujeres como supuestas auxiliadoras del Clan del Golfo, con el objetivo de obtener la aprobación de la orden de interceptación. Lea también: El millonario sueldo que ganará Laura Sarabia en su nuevo puesto en el Gobierno
La investigación continúa en curso, con funcionarios del CTI y el apoyo de la Policía Nacional realizando diligencias en diferentes puntos de Bogotá.