Según Indepaz, en lo que va del año 2023, 100 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia.
Informes de monitoreo realizados por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional proporcionaron una visión cruda de la situación actual de Colombia.
María Teresa Palacios, directora del Grupo de Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, destacó la importancia de analizar los derechos más vulnerados en el país. Lea aquí: De último momento: Arturo Char sería trasladado a la cárcel La Picota
La persecución a líderes, defensores de derechos humanos, sindicalistas, ambientalistas y periodistas es uno de los frentes más preocupantes. Según Indepaz, hasta principios de agosto de 2023, se habían registrado 100 asesinatos de líderes sociales y defensores de DDHH en el país.
Adicionalmente, el desplazamiento interno de poblaciones, especialmente de comunidades indígenas, afrodescendientes y poblaciones raizales, sigue siendo un problema significativo en Colombia. Estas poblaciones se sienten perseguidas, amenazadas y en algunos casos, confinadas en distintos territorios del país.
La movilidad humana, particularmente en relación con los migrantes en tránsito y aquellos que ingresan a Colombia, presentó un escenario complejo y desafiante. Se informó que entre 2022 y 2023, cerca de 5000 niños atravesaron la selva del Darién, enfrentando una serie de desafíos y vulneraciones de sus derechos. Lea aquí: Transcaribe se pronuncia tras accidente múltiple en el mercado de Bazurto
El aumento de los casos de violencia doméstica contra mujeres y niños es otro punto crítico. Según la Procuraduría, en 2022 se registraron 47,771 casos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, lo que representa un aumento significativo en comparación con 2021.
También preocupan problemas como el hacinamiento carcelario y el uso abusivo de la fuerza pública en el ejercicio del derecho a la manifestación.
María Teresa Palacios concluyó que, aunque la situación puede parecer desafiante, es esencial continuar trabajando en la protección y promoción de los derechos humanos, especialmente en un contexto en el que se han agudizado problemas como la falta de acceso a salud, educación, vivienda, los efectos negativos del COVID-19 en el desempleo y la equidad.