La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha iniciado una investigación sobre los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública y paramilitares durante el conflicto armado en el país.
Tras revisar informes, se han identificado áreas críticas donde se presume que ocurrieron numerosos casos, una de ellas es la región de Ariari-Guayabero-Guaviare-Caguán, Florencia y zonas circundantes, donde se registraron 854 hechos victimizantes entre 1980 y antes del 1 de diciembre de 2016. Lea además: Alertan sobre muerte por desnutrición de 55 menores de 5 años en La Guajira
La JEP ha determinado que es necesario acceder a la información contenida en el Juzgado 59 de Instrucción Penal Militar, que se encuentra en la base de Tolemaida, para recopilar datos relevantes de expedientes relacionados con actos de violencia que involucran a miembros de la fuerza pública en el contexto del conflicto armado.
Por lo tanto, los magistrados han emitido una orden al Juzgado 59 de Instrucción Penal Militar, ubicado en la base de Tolemaida, para que, en un plazo de cinco días, entregue un informe sobre el estado de los 52 expedientes solicitados, que contienen información de diferentes procesos.
Además, se ha programado una inspección judicial que se llevará a cabo los días 24, 25, 26 y 27 de octubre de 2023 en el Juzgado 59 de Instrucción Penal Militar, con el propósito de recopilar información relevante para las investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario por parte de miembros de la fuerza pública durante el período 2004-2007. Lea también: Petro intensifica su discurso sobre el conflicto entre Israel y Palestina
“El despacho ordenará la práctica de una inspección judicial los días 24, 25, 26 y 27 de octubre de 2023, a partir de las 8:30 de la mañana, sobre los expedientes del listado relacionado en el párrafo 8, que se encuentren en el Juzgado 59 de Instrucción Penal Militar ubicado en la Base Militar de Tolemaida, Nilo – Cundinamarca- con el fin de recaudar información relevante en las investigaciones contra integrantes de la fuerza pública por graves violaciones a derechos humanos y derecho internacional humanitario que el subcaso realiza durante el periodo 2004-2007”, indicó la JEP.