Un juez especializado de Bogotá condenó a 40 años de prisión al ahora expatrullero de la Policía, Harvey Damián Rodríguez Díaz, por su responsabilidad en el homicidio de Javier Ordóñez, ocurrido en la madrugada del 9 de septiembre de 2020 en el noroccidente de Bogotá.
Durante la lectura de sentencia, también se le negó el beneficio de la prisión domiciliaria, la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la libertad condicional. Lea aquí: Fiscalía acusó al patrullero Harvey Rodríguez por muerte de Javier Ordóñez
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Así lo determinó la juez luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General, tras la muerte del ciudadano quien fue reducido por uniformados de manera violenta y sometido con electrochoques ocasionados con un dispositivo tipo taser. Forenses hallaron varias lesiones en el cráneo y en el cuerpo del estudiante de derecho.
El entonces patrullero Rodríguez coordinó el traslado de Ordóñez al CAI de Villa Luz, en la localidad de Engativá, donde se presentaron otras agresiones que desencadenaron en su muerte, como lo estableció el informe de necropsia realizado por Medicina Legal.
Para la Fiscalía, el entonces integrante de la Policía Nacional actuó de manera desproporcionada contra la víctima, quien se encontraba en estado de indefensión. Adicionalmente, lejos de la misión constitucional que le asiste, no evitó el fatal desenlace y, por el contrario, fue partícipe.
Por el mismo hecho, en julio de 2021, el entonces patrullero Juan Camilo Lloreda fue condenado a 20 años de prisión y al pago de una multa equivalente a 1.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, luego de un preacuerdo con la justicia. Le puede interesar: Condenan a patrullero por la muerte de Javier Ordóñez
De acuerdo el ente de control, los uniformados afectaron los derechos fundamentales a la vida y la integridad de Ordóñez. “No se demostró que haya cometido la conducta para evitar otra. Además, está claro que el señor Javier Ordóñez estaba bajo estado de indefensión cuando ocurrieron los hechos”.
Agregó la decisión que “no hay duda de que los policías, antes que proporcionar protección a quien estaba detenido y en condiciones de absoluta indefensión, actuaron arbitraria e irracionalmente sacando provecho de la condición de inferioridad en que se encontraba propinándole golpes repetitivos y contundentes”.