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Colombia

Corte tumba decreto que regulaba uso y manejo del agua en La Guajira

Este es el último decreto de la emergencia económica que la Corte Constitucional declara inexequible.

Corte tumba decreto que regulaba uso y manejo del agua en La Guajira

La Guajira es una zona que enfrenta problemas en cuanto a la obtención de agua. // Colprensa

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La Corte Constitucional declaró inexequible un decreto más entre el paquete presentado por el gobierno de Gustavo Petro para atender la emergencia, decretada por él, como estado de excepción en La Guajira.

Esta vez, se trata del Decreto 1277 de 2023, que planteaba medidas ambientales y de desarrollo sostenible en este departamento. Lea aquí: Corte da otro golpe al Gobierno y tumba nuevo decreto en La Guajira

El acto administrativo buscaba regular criterios para priorizar ciertos usos del agua, así como establecer condiciones para su manejo y conservación. Todo ello iba a estar a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que iba a licenciar proyectos de análisis situacional y de transición energética.

El decreto contenía nueve artículos. En un aparte de uno de ellos se buscó declarar las fuentes hídricas de La Guajira como “de protección especial” para establecer medidas especiales de protección.

Frente a ese aspecto en específico, la Corte decidió otorgar efectos diferidos hasta octubre del próximo año.

Con este, la Corte ha resuelto la declaratoria de inexequibilidad de 12 de los 13 decretos para La Guajira. El último aún está en revisión constitucional.

El primero de los decretos declarados inexequible fue el decreto matriz que estableció el estado de emergencia, y el más reciente fue el que establecía una transferencia monetaria no condicionada para familias vulnerables. Le puede interesar: Corte Constitucional tumbó transferencia para atender desnutrición en La Guajira

Las determinaciones de inconstitucionalidad han venido acompañadas de llamados de atención para el Gobierno, para que regule las medidas que tomó a partir del estado de emergencia por los conductos regulares, como el Congreso y las políticas públicas. El Ejecutivo, por su parte, ha expresado desacuerdos, pero reafirma su compromiso con el departamento.

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