Así como las protestas de este jueves tuvieron un objetivo en común, las altas cortes se unieron en un reclamo al unísono: el respeto a la autonomía judicial y a la integridad de la magistratura. En ese sentido, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia expresaron su rechazo a la jornada.
El presidente de la Corte Suprema, el magistrado Gerson Chaverra, el mismo que anunció esta mañana que no se llegó a una decisión final frente a quién será la próxima fiscal general, fue el encargado de rechazar el “asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia”, debido a que “pone en grave riesgo la vida e integridad física” de quienes asistieron al lugar. Lea aquí: No descartan el uso de la Unidad Antidisturbios por protestas en la Corte Suprema
De acuerdo con el togado, las protestas de esta ocasión significan peligro para “magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país”, por lo que se separan del “legitimo derecho a la protesta pacífica” y de la “divergencia de posturas ciudadanas e institucionales en los asuntos públicos de la nación”.
La Corte, por tanto, “condena en esta oportunidad el bloqueo violento e ilegal al que es sometida nuestra casa de justicia”. “Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad deben ser impulsadas y promovidas, tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado”, expresó Chaverra. Lea aquí: Videos: manifestantes intentaron ingresar a la fuerza al Palacio de Justicia
A su llamado de atención se unió la Corte Constirucional, que además instó “a la sensatez y a la calma”. La magistrada Diana Fajardo, presidenta del Tribunal hasta el 10 de febrero, precisó que es necesario “que no se bloqueé, presione o amedrente a las instituciones de justicia”.
“Los jueces en todos los niveles requieren de tiempo, espacio y condiciones aptas para una adecuada deliberación y decisión de los asuntos y encargos propios”, concluyó la Corte Constitucional, en medio de reparos a la jornada a los que se sumó el Consejo Superior de la Judicatura, la máxima instancia administrativa de la Rama Judicial.
El Consejo aseveró su rechazo “de manera enfática” las presiones a la Corte Suprema, a las que calificó como “interferencias al cumplimiento de las funciones constitucionalmente asignadas a la Corte Suprema de Justicia, que constituyen una grave amenaza a la independencia de la justicia y la separación de poderes”.
Asimismo, la Comisión de Disciplina Judicial, el órgano disciplinario de la Rama y de quienes ejercen la abogacía, se pronunció. Se apartó “con firmeza” de “los actos y manifestaciones de violencia”, así como de “cualquier clase de presión y bloqueo en contra de las instituciones del Estado”.
“La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor del país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia. En un Estado de derecho, como el colombiano, la función judicial solo está sometida al imperio de la ley”, declaró el magistrado Gerson Chaverra.