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Colombia

Procuraduría pide a la Corte Constitucional avalar el Acuerdo de Escazú

El viceprocurador general, Silvao Gómez Strauch, le pidió a la Corte Constitucional que se adhiera y aplique el Acuerdo de Escazú en Colombia.

Procuraduría pide a la Corte Constitucional avalar el Acuerdo de Escazú
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El viceprocurador general de la nación, Silvao Gómez Strauch, le envió un concepto a la Corte Constitucional en el que asegura que el Acuerdo de Escazú, firmado en Costa Rica en marzo de 2018 por veinticinco países, incluyendo a Colombia, se ajusta a la Constitución Política colombiana.

La Corte ha analizado si el tratado internacional se ajusta a las normas colombianas. La Postura de la Procuraduría es que sí, puesto que busca mejorar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, lo que concuerda con la postura de Colombia en convenios de derechos humanos.

Gómez Strauch calificó como “razonables” las medidas del Acuerdo que buscan orientar al público para facilitar el ejercicio de sus derechos, dado que permiten superar un panorama de “déficit” que incide en la escasa participación ciudadana en “el manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales”. No deje de leer: Expresidente Gaviria pide que la reforma Pensional quede para el mes de julio

Además, resaltó que Escazú “optimiza” los preceptos de la Constitución al establecer que la participación de la ciudadanía “debe extenderse a la discusión de temas relacionados con el ordenamiento del territorio, la elaboración de políticas, planes, estrategias y reglamentos” que puedan tener un “significativo impacto sobre el medioambiente”.

De acuerdo con la Procuraduría, los defensores de derechos humanos y del medioambiente obtienen una protección congruente con el Acuerdo de Escazú, en el sentido en que enfatizan el deber del Estado colombiano de protegerlos para que puedan desempeñar su labor sin amenazas ni restricciones.

Escazú ha sido un asunto de tanta relevancia en el interior de la Corte Constitucional que el 8 de abril la Sala Plena convocó a una audiencia pública para deliberar sobre él. La diligencia se llevará a cabo el 26 de abril desde las ocho de la mañana.

En medio del expediente sobre el control de constitucionalidad del Acuerdo, la Corte consideró que, aunque ha recibido intervenciones técnicas, oficiales y ciudadanas, es necesario abrir “un espacio de diálogo abierto que permita confrontar los argumentos”.

“Se torna adecuado propiciar un espacio abierto, participativo y de alto nivel que convoque a expertos en la materia, diferentes sectores de la sociedad y autoridades que participaron en las etapas de negociación”, se lee en el auto que cita la diligencia. Lea: La ONU registra el asesinato de 43 líderes sociales entre enero y marzo de 2024

La audiencia, de la que aún no se han conocido las personalidades y entidades concretamente invitadas, abordará un eje temático, con el que la Corte espera entender si el Acuerdo de Escazú proporciona inseguridad jurídica o afecta la soberanía nacional.

El Tribunal notó que alrededor del Acuerdo, su negociación internacional y su aprobación nacional con la Ley 2273, chocan dos bandos: quienes creen que Escazú no limita derechos ni faculta a instituciones externas para entrometerse en asuntos internos, y quienes aseguran que la soberanía nacional y la seguridad jurídica están en jaque.

La Sala observó que, como Escazú establece posibilidades de consulta previa y participación en asuntos ambientales, revisión de proyectos ambientales y posibilidad de una “hipertrofia normativa” al regular temáticas ya contempladas en otras normas, existe una “divergencia de perspectivas” que requiere una conversación en la audiencia pública.

“Resulta pertinente generar un espacio en el que estas posiciones puedan dialogar, de modo que la Corte pueda contar con mayores insumos y elementos de juicio. En concreto, se busca profundizar en las perspectivas que existen para defender o cuestionar la constitucionalidad del Acuerdo de Escazú y su ley aprobatoria”, aseveró la Corte.

El magistrado encargado de presentar una ponencia para que sea aprobada por la Sala Plena es Jorge Enrique Ibáñez, vicepresidente de la Corte. El ente judicial planteó diez preguntas orientadoras que serán respondidas presencialmente el 26 de abril por las autoridades que sean citadas por el togado.

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