En un esfuerzo por redefinir la respuesta estatal a las protestas sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha solicitado a su administración considerar la posibilidad de otorgar “estatus de víctimas” a los miembros de la controversial primera línea, implicados en el estallido social que sacudió al país. Esta declaración se produjo durante una jornada de trabajo del Gobierno con el Pueblo en Cali.
El mandatario explicó que este reconocimiento debería extenderse a “las personas presas, las familias de los jóvenes asesinados, y las familias que sufrieron en los barrios populares la brutalidad del Estado”. Petro enfatizó que el estatus de víctimas del Estado debería aplicarse a aquellos que fueron afectados “simplemente por querer protestar, simplemente por cambiar las cosas”.
Además, el presidente sugirió intensificar las acciones para la liberación de quienes él considera “presos de conciencia, presos sociales”, refiriéndose a los jóvenes que permanecen en prisión acusados de terrorismo por sus actividades durante las protestas. Según Petro, estos jóvenes están siendo penalizados injustamente por su desacuerdo con la exclusión social. Lea aquí: “Vamos a proceder”: la advertencia de Petro al Congreso sobre sus reformas
En el mismo evento, Néstor Osuna, ministro de Justicia, reveló que la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, está preparando una directriz que podría resultar en la liberación de los miembros de la primera línea encarcelados por actos vandálicos. Osuna criticó la gestión anterior por no reconocer los actos de protesta social como tales, lo que complicó la situación legal de muchos manifestantes.
Osuna aseguró que, a diferencia de su predecesor, la fiscal Camargo está comprometida a cambiar la perspectiva oficial sobre las protestas, afirmando que “los hechos de protesta social no son ni terrorismo ni concierto para delinquir”, lo que implicaría la liberación de muchos encarcelados.
Esta serie de anuncios llega semanas después de que la Corte Suprema de Justicia revocara la libertad de dos destacados miembros de la primera línea, Santiago Márquez Chárriz y Adriana Esperanza Bermeo Súa, quienes habían sido nombrados ‘voceros de paz’ por el gobierno de Petro. La decisión se tomó tras aceptar los argumentos presentados por la Procuraduría General de la Nación en una acción de tutela. Le puede interesar: Financial Times cuestiona propuesta de constituyente del presidente Petro
El alto tribunal ordenó la celebración inmediata de una audiencia pública en diciembre de 2022, con el objetivo de que las partes involucradas pudieran discutir sobre la solicitud del alto comisionado para la Paz de suspender las órdenes de captura contra los dos activistas.
Desde su elección, el presidente Petro ha manifestado su compromiso con la libertad de los jóvenes detenidos durante las protestas, a quienes considera símbolos de la resistencia contra la injusticia. En su discurso de victoria tras la segunda vuelta electoral, Petro destacó la lucha de estos jóvenes, tratados “como bandoleros solamente porque tenían esperanza, simplemente porque tenían amor”.