Con fuerte rechazo de un sector del uribismo que se apartó del proyecto por considerar que esa favorecer al dictador Nicolás Maduro, la Cámara de Representantes aprobó este miércoles el acuerdo Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre Colombia y Venezuela, firmado entre ambos gobiernos en febrero del 2023.
Esta iniciativa, que pasa a su control inmediato de la Corte Constitucional por ser un acuerdo internacional, tiene como objetivo consolidar un instrumento jurídico que regule y fomente las inversiones entre los dos países y que, a su vez, proporcione un marco jurídico mínimo de garantías para la inversión directa entre las dos naciones.
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AL defender el alcance de la norma, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, sostuvo que “buscamos establecer un marco jurídico que facilite y promueva las inversiones directas transfronterizas, que impulse a la industria complementaria de bienes y servicios y estimule el desarrollo sostenible, la diversificación productiva, la formación de cadenas de valor y la creación de empleo calificado”.
Recordó que “nuestra relación socioeconómica con Venezuela ha sido histórica y este Acuerdo busca que las inversiones que lleguen a ambos países respeten los estándares laborales y las normas medioambientales, priorizando estos dos factores”. Lea: Álvaro Leyva dice que en acuerdo de La Habana hay un llamado a la Constituyente
En la plenaria igualmente intervino el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, quien al apoyar la ley declaró que “desde el empresariado le hemos dado una mirada juiciosa al acuerdo de protección de inversión con Venezuela. Nos encontramos ahora en una situación que para el empresariado es mejor tenerlo que no tenerlo porque históricamente se han presentado situaciones que hubiéramos podido evitar si lo tuviéramos”.
A su turno el gerente de Competitividad de la Cámara de Comercio de Cúcuta, Diego Gómez, manifestó que “históricamente la relación con Venezuela ha tenido altibajos pero hoy, cuando la frontera ya está abierta, la situación ha mejorado mucho. Con esta iniciativa vamos a atraer inversión extranjera a nuestra región, lo que traerá desarrollo económico y con ello, desarrollo social”.
El convenio con Venezuela establece un sistema de solución de controversias, tanto entre los Estados, a través de canales diplomáticos, como entre los inversionistas y los Estados. Puntualmente, para este último, dispone del mecanismo de solución de controversias que ofrece el foro de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
También establece un trato igual entre nacionales venezolanos y colombianos, bajo la protección del estándar de trato nacional, lo cual guarda así los equilibrios entre los potenciales inversionistas extranjeros y nacionales.