A partir del 1 de julio de 2025 Colombia tendrá un nuevo sistema pensional, algo que no ocurría desde la aprobación de la Ley 100 de 1991, y que deja en firme la segunda reforma propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro.
El país tendrá un esquema de pilares, donde se busca ampliar la cobertura de las jubilaciones y garantizar un acceso universal, incluso para quienes no cumplen con los requisitos para acceder a esos recursos.
Dentro de las novedades, se destaca que se acaba con el esquema público y privado, y se pasa a un modelo de tres pilares: solidario, semicontributivo y contributivo. Lea aquí: “La posibilidad de un gran acuerdo nocional revive”: Petro por la pensional
Sobre el pilar solidario, en síntesis, es un esquema destinado a ciudadanos colombianos mayores de 65 años, en el caso de los hombres y de 60 años si es una mujer, que no cuenten con una pensión.
El semicontributivo es para aquellos que lograron cotizar, pero que al momento de cumplir la edad de jubilación, no cuentan con las semanas necesarias para pensionarse. Esto también cobija a quienes están inscritos en el programa Beps, y no será sustituible por muerte, ni será heredable. Lea aquí: El Consejo de la Judicatura rechaza los señalamientos de Mancuso a magistrado
El contributivo, podría decirse que es similar al sistema actual, se dirige a todos los empleados y trabajadores independientes, que cotizan su seguridad social, pero, con el nuevo sistema, todos quienes devenguen menos de 2,3 salarios mínimos, tendrán que entregarle sus recursos al fondo público, o sea Colpensiones.
Esta entidad será protagonista, pues asumirá a prácticamente la cotización de todos los contribuyentes del país, menos, a quienes devenguen más de 2,3 salarios. Estas personas pueden cotizar el excedente en los fondos privados, pero, obligatoriamente tienen que girarle recursos a Colpensiones.
Otro de los puntos clave es que los recursos de los cotizantes no los administrará Colpensiones directamente, esa labor la tendrá el Banco de la República, que gestionará esos dineros y sus rendimientos, con el fin de garantizar rentabilidad, y que el Gobierno no pueda usar esa plata para otros fines.
Esto será liderado por un comité conformado por el ministro de Hacienda, el de Trabajo, el presidente de Colpensiones, y cuatro expertos en inversiones y/o riesgos financieros. Estos serán nombrados por el Presidente de la República, por un periodo de cuatro años. Dichos expertos podrán reelegirse por otro cuatrienio.
A estos se les suma un representante de los pensionados.
Finalmente, el otro punto sensible será el de las comisiones que pueden cobrar los fondos privados.
Lo que propone la reforma es que ya no todas las comisiones se van a cobrar con base al flujo de lo que entra a las administradoras de fondos de pensiones, sino sobre el saldo administrado por las AFP. Allí es donde entra el dato de un cobro máximo de 0,6%.
Es importante recordar que las comisiones de las AFP funcionan como un porcentaje del flujo que los afiliados pagan cada vez que hacen una cotización. En Colombia se cotiza 16% de un ingreso base para un empleado formal.
“El ahorro es de los colombianos, independientemente que sus recursos estén en los fondos de capitalización o en Colpensiones”, dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.