Las cabezas del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) –Olmedo López y Sneyder Pinilla– deberán alistarse para ir a audiencia de imputación de cargos y para enfrentar una eventual medida privativa de la libertad.
Este jueves se conoció que la Fiscalía General de la Nación ya radicó la solicitud para llamarlos a audiencia de imputación e incluyó la petición para que ambos sean cobijados con medida privativa de la libertad. Lea aquí: Polémica declaración de Gustavo Petro sobre legalización de la cocaína
El llamado a la diligencia judicial también cobijó a Luis Eduardo López Rosero, un empresario pastuso que logró quedarse con el polémico contrato para comprar los 40 carrotanques que pretendían llevar agua a La Guajira pero que terminaron parqueados en una guarnición militar mientras son comidos por el polvo y el oxido.
“Según la indagación adelantada por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, los tres indiciados serían responsables de diferentes actuaciones ilegales detectadas en varios procesos contractuales de la UNGRD, entre ellos el de la adquisición de carrotanques para garantizar el abastecimiento de agua potable en el departamento de La Guajira”, indicó el ente acusador en un comunicado. Lea aquí: Estas son las primeras declaraciones de Mancuso tras recuperar la libertad
Ahora los juzgados de Paloquemao en Bogotá deberán definir la fecha y hora de la audiencia. Los tres serán vinculados por su aparente responsabilidad en delitos como concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
Los tres testigos claves en el entramado de corrupción se habían acercado a la justicia para tratar de recibir un principio de oportunidad. Ellos se comprometerían a contar la verdad y a delatar cómplices a cambio de recibir beneficios de la justicia.
La Fiscalía decidió –en este caso– compulsar copias a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que indague la aparente participación de nueve congresistas, que ya están identificados, en este entramado de corrupción.
Los testigos claves en este caso, por ahora, han afirmado que con la alteración de los contratos se logró sacar una tajada de 4.000 millones de pesos. Ese dinero, dicen, fue entregado como soborno a los salientes presidentes de la Cámara, Andrés Calle y del Senado, Iván Name para que movieran la agenda y las reformas del Gobierno en el Congreso.