La Procuraduría General de la Nación comunicó este lunes que formuló cargos contra los exdirectores de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Eduardo José González Angulo (2018–2022) y Javier Pava Sánchez (2022–2023), así como contra el subdirector de Manejo de Desastres, Ariel Enrique Zambrano Meza (2020–2022).
Las acusaciones se basan en su presunta negligencia en la gestión de la crisis derivada del colapso del jarillón ‘Caregato’ en La Mojana, Bolívar. Lea aquí: Defensoría pide al Gobierno implementar medidas de fondo en La Mojana
El órgano de control determinó que la Ungrd, pese a estar al tanto del riesgo de colapso del jarillón desde abril de 2017, no solicitó recursos para intervenir en el área hasta marzo de 2021, cuatro años después. Esta demora se interpreta como una falta de previsión y planificación adecuada.
La Procuraduría también criticó la gestión de la emergencia, destacando que las obras de dragado necesarias para estabilizar el área afectada no fueron contratadas, y que los contratos existentes no consideraron adecuadamente la magnitud de las obras requeridas ni las condiciones meteorológicas. Como resultado, las acciones tomadas fueron consideradas insuficientes e ineficaces. Lea aquí: Campesinos de Bolívar y La Guajira participaron en encuentro de fincas
Los cargos disciplinarios se distribuyen en tres para González Angulo, dos para Zambrano Meza y uno para Pava Sánchez. La Procuraduría calificó estas faltas como graves, atribuyéndolas a una falta significativa de eficacia, eficiencia y responsabilidad en el manejo de la emergencia.
En detalle, la UNGRD tenía conocimiento desde abril de 2017 del inminente riesgo de colapso del jarillón, pero no actuó con la celeridad requerida. Fue hasta marzo de 2021 cuando finalmente solicitaron los recursos necesarios, lo cual representa una dilación injustificada y una clara falta de planificación.
Además, la Procuraduría señaló que, durante la gestión de la emergencia, no se llevaron a cabo las obras de dragado necesarias para estabilizar el área afectada. Los contratos que se establecieron no tomaron en cuenta de manera adecuada la magnitud de las obras necesarias ni las condiciones meteorológicas, lo que resultó en acciones insuficientes e ineficaces para mitigar el desastre.
Los implicados enfrentarán ahora el proceso correspondiente, y se espera que las autoridades tomen las medidas necesarias para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.