El vicecanciller Jorge Rojas se pronunció sobre la reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de abrir una investigación a la campaña presidencial de Gustavo Petro, calificando la medida como un acto que “niega el fuero constitucional” del mandatario y que, a su juicio, contribuye a “generar un ambiente de desestabilización política y un golpe a la democracia”.
Rojas reafirmó el llamado del presidente Petro al cuerpo diplomático para que tomen conocimiento de las razones detrás de lo que califican como una “intentona golpista”. “Con toda claridad le decimos al mundo que la democracia en Colombia está en peligro y vamos a defenderla. La mejor forma de hacerlo es dando a conocer lo que está sucediendo”, afirmó el vicecanciller.
Te puede interesar:
Petro vuelve al centro de críticas por intervención en elecciones
Fuentes del Alto Gobierno informaron que, además de una reunión inminente con el cuerpo diplomático, la defensa del presidente Petro buscará instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para defender lo que describen como un intento de golpe de Estado. Le puede interesar: CNE formula pliego de cargos contra el presidente Gustavo Petro
Según Rojas, el mandatario ya cuenta con medidas cautelares de la CIDH, pero ahora se busca un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), argumentando que se está intentando “burlar la elección presidencial y el voto popular mediante mecanismos políticos”.
Habrá una alocución presidencial
Tras la decisión del CNE, el mandatario de los colombianos daría una alocución presidencial este martes de octubre, hacia las 8 de la noche. Durante la emisión, Gustavo Petro brindaría más detalles sobre la postura del CNE y las acciones que su Gobierno emprenderá en defensa de la democracia.
La decisión del CNE
El CNE consideró este martes 8 de octubre, que Petro, como candidato; el gerente de su campaña, Ricardo Roa, y otros miembros de su equipo deberán responder “por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales”, pues se sospecha que superaron los topes de gasto establecidos y recurrieron a fuentes prohibidas que no declararon.