La Procuraduría General de la Nación decidirá el próximo martes 5 de noviembre si el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, es culpable de las presuntas irregularidades en el proceso de licitación de los pasaportes, luego de que el ente de control suspendiera al excanciller el 24 de enero de este año, inicialmente por tres meses, decisión que fue prorrogada en dos ocasiones hasta el 24 de julio.
En su momento, la Procuraduría le imputó a Leyva dos faltas disciplinarias de carácter gravísimo cometidas a título de dolo. La primera está relacionada con la declaración de la licitación 001 de 2023 como desierta, lo que habría transgredido los principios de contratación estatal al no contar, según el órgano de control, con fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos sólidos.
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La segunda presunta falta se refiere a la declaración de urgencia manifiesta en este proceso sin justificación, una medida que según el Ministerio Público no tenía los causales necesarios para ser adoptada. Le puede interesar: Álvaro Leyva defiende anulación de licitación de pasaportes
La suspensión de Leyva se extendió para evitar su posible interferencia en el proceso, ya que de regresar al cargo, actualmente ocupado por Luis Gilberto Murill, “podría darse la reiteración de la falta” en el proceso licitatorio. La Procuraduría advirtió que Leyva podría influir “de manera nociva” en la adjudicación del contrato de pasaportes, debido a su autoridad sobre los servidores públicos citados como testigos.
Hasta la fecha, el Ministerio Público ha indicado que no se han presentado elementos probatorios que desvirtúen las acusaciones, manteniendo en curso el juicio disciplinario contra Leyva.