La Corte Suprema de Justicia ha ordenado al presidente de la República, Gustavo Petro, rendir declaración jurada en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La medida, adoptada por el magistrado Misael Fernando Rodríguez Castellanos, pretende esclarecer el alcance de un escándalo que involucra a varios congresistas y funcionarios públicos.
A través de un oficio oficial, la Sala Especial de Instrucción instruyó que el mandatario responda un cuestionario previamente formulado. “Por lo anterior, me permito correr traslado a los sujetos procesales, por el término de tres días hábiles, para que presenten el respectivo cuestionario”, señala el documento firmado por la Secretaría de la Sala.
Te puede interesar:
Lotería de la Cruz Roja: resultados del martes 5 de mayo de 2026
El procedimiento establece que los abogados de los procesados podrán formular preguntas, que serán integradas al cuestionario final. Este será remitido al presidente para su respuesta bajo juramento, con el fin de recolectar información clave que permita avanzar en las pesquisas. Le puede interesar: “No se compraron congresistas”: Bonilla responde a escándalo de la Ungrd
El caso gira en torno a un presunto “entramado de corrupción” en la Ungrd, entidad que ha sido objeto de investigaciones por irregularidades en la ejecución de recursos destinados a la atención de desastres naturales. Según fuentes judiciales, las denuncias señalan posibles actos de favorecimiento y desvío de fondos, involucrando a congresistas y altos funcionarios.
La Corte Suprema destacó la relevancia del testimonio del presidente Petro para “esclarecer los hechos y determinar responsabilidades”. Aunque no se ha especificado si el mandatario figura como testigo o en otro rol dentro del proceso, su declaración jurada será crucial para dilucidar los vínculos en este caso de alto impacto.
La solicitud de la Corte Suprema de Justicia añade un nuevo capítulo a las controversias que han rodeado la gestión de la Ungrd en los últimos años, intensificando el escrutinio público y judicial sobre su manejo administrativo.