El Consejo de Estado expresó este lunes 16 de diciembre su rechazo ante las críticas que el presidente Gustavo Petro ha realizado sobre sus decisiones judiciales, calificando sus declaraciones como “grave, sistemática e irrespetuosa”. La alta corte manifestó preocupación por la forma en que estos comentarios afectan la percepción pública de la labor judicial y la confianza en las instituciones.
En un comunicado oficial, el Consejo de Estado destacó que sus sentencias se fundamentan en los principios de la Constitución y las leyes colombianas, defendiendo la integridad y la independencia de sus procedimientos. Según señaló su presidente, Milton Chaves García, “la Corporación rechaza categóricamente las afirmaciones sin sustento alguno que sugieren que las decisiones judiciales se toman con fines políticos o en detrimento de la voluntad popular”. Lea: Consejo de Estado define reglas para revisar sanciones disciplinarias
El alto tribunal enfatizó que sus decisiones están basadas en procesos legales rigurosos, libres de presiones políticas o intereses personales, como corresponde a una institución de justicia en un Estado democrático. Además, calificó de “distorsionadoras” las acusaciones del presidente Petro, quien ha tildado algunas sentencias de actos de “golpe blando” y “perfidia”. Según Chaves, dichas expresiones “envían un mensaje equivocado a la sociedad” y minan el respeto hacia la independencia judicial, pilar fundamental de la separación de poderes.
Gustavo Petro y sus cuestionamientos
En las últimas semanas, el presidente Petro ha cuestionado varias decisiones del Consejo de Estado. Una de las más recientes fue la anulación del nombramiento de Juan Pablo Castro Morales como consejero en la Embajada de Colombia en Francia. Para el mandatario, este fallo representa una interferencia en su facultad constitucional de dirigir la política exterior y genera consecuencias administrativas que, según él, afectan la eficiencia del servicio diplomático.

Así mismo, Petro criticó la anulación de la elección de José Luis Bohórquez López como alcalde de Duitama, calificando estas decisiones como obstáculos para el cambio político que él promueve y como un ataque contra la voluntad popular. En otro caso, expresó su inconformidad con la negativa del Consejo de Estado de suspender el pliego de cargos del Consejo Nacional Electoral (CNE) contra su campaña presidencial, argumentando que dichas actuaciones forman parte de un supuesto “lawfare” destinado a desacreditar su proyecto político.
El Consejo de Estado, como la máxima autoridad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, subrayó que estos señalamientos afectan la confianza en las instituciones democráticas y favorecen intereses particulares. La corporación reiteró que “la independencia judicial es esencial para garantizar el equilibrio de poderes” y advirtió que su debilitamiento puede poner en riesgo el sistema democrático.
Por último, el alto tribunal hizo un llamado a los líderes del Estado para que sus declaraciones estén en línea con la responsabilidad que demanda su cargo: “Esta Corporación reclama de las altas dignidades del Estado que sus manifestaciones sean acordes con la responsabilidad del cargo que ejercen, como corresponde en un Estado constitucional y democrático de derecho”.

