El asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Jaime Ramírez Cobo rindió interrogatorio este miércoles en la Fiscalía. Aparece mencionado dentro del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) a través de millonarios convenios que se le iban a entregar a congresistas de las comisiones del Gobierno.
Durante la diligencia, la Fiscalía le explico a su abogado Mario Iguarán las salidas jurídicas a las que tiene derecho Ramírez al ser vinculado a un proceso penal, como sucede con todas las personas que son llamadas a la Fiscalía a interrogatorio y no se le ofreció, de acuerdo con la entidad, un principio de oportunidad como se ha asegurado en algunos medios. Lea: Caso Ungrd: ordenan nuevas citaciones y requerimientos a los implicados
Cobo, según el diario El Tiempo, aparece en chats en poder de la Fiscalía preguntando por tres convenios de la Ungrd, superiores a los 92 mil millones de pesos que iban para Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar), que debían aprobarse para que no se perdieran los empréstitos aprobados al país.
La investigación apunta a que dentro de la Ungrd se creó una “organización criminal”, como lo denomina la Fiscalía, que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno, para direccionar contratos a cambio de coimas.
Todo dirigido por López, quien para ese momento era el director, y Pinilla, su subdirector. La mayoría de esos convenios terminaron en manos de Luis Eduardo López, conocido como “El pastuso”, quien dirige más de 30 empresas, de las cuales fueron utilizadas: Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo S.A.S. Todos ellos ya imputados. Lea también: El otro polémico saqueo en el que vinculan a Olmedo López y Sneyder Pinilla
En la primera fase de investigación, la Fiscalía detectó irregularidades en más de 20 contratos, relacionados con la adquisición de carrotanques, su alquiler y compra.
Tiempo después encontró más irregularidades. Por ejemplo, en un convenio para la adquisición de tanques plásticos de 5.000 litros para reserva de agua para el departamento de La Guajira, hecho en el cual se habrían realizado maniobras ilegales, como el cobro de coimas.